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Venezuela vuelve a la primera plana informativa en plena pandemia del coronavirus y no precisamente por motivos relacionados con la enfermedad. En el día en el que el Fiscal de Venezuela ha llamado a declarar a Juan Guaidó el próximo jueves por su participación en un supuesto golpe de Estado contra Nicolás Maduro, EEUU ha redoblado su apuesta y ha hecho una proposición a Venezuela con el fin de establecer un “Marco de Transición Democrática” para el país.
Esta transición de emergencia daría paso a un Consejo de Estado en el país caribeño para facilitar un gobierno de transición, y por primera vez, sin Maduro y sin Guaidó. Y todo ello a cambio del levantamiento total de las sanciones económicas, una demanda constante por parte del gobierno chavista.
El gobierno de Nicolás Maduro, como era de esperar, ha rechazado la propuesta de la Administración Trump. Primero lo hizo a través de su canciller Jorge Arreaza, que mediante un comunicado recordó que “Venezuela es un país libre y soberano (…) que jamás aceptará un tutelaje de un gobierno extranjero”.
“La política de los Estados Unidos hacia Venezuela ha extraviado su rumbo por completo”, continuaba el comunicado, para terminar señalando que las acciones de la Administración Trump en los últimos días contra Venezuela no pueden catalogarse de otra manera salvo de “miserables”.
Por su parte, Nicolás Maduro apareció por la noche, como suele ser habitual en él, más en estos tiempos de coronavirus, en los que está compareciendo diariamente desde el Palacio de Miraflores para informar sobre la pandemia (los últimos datos oficiales actualizados en Venezuela hablan de 143 casos positivos); y sacó su mejor carta de la manga para responder a EEUU.
Maduro convocó al Consejo de Estado ( figura contemplada en los artículos 251 y 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que se reúne sólo en situaciones de emergencia nacional para dar respuesta inmediata a una situación de crisis.
El Consejo de Estado (la acuñación del término y la simbología que conlleva en este caso no es casual. Es la respuesta estratégica del gobierno venezolano a EEUU) es un órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración pública venezolana. Sus asistentes más destacados son la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodriguez, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, el presidente de la Asamblea Nacional Consituyente, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra (en disputa), el Contralor General de la República y el General en Jefe y Vicepresidente sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López.
Junto a todos ellos, en un alarde de poder y soberanía, apareció Nicolás Maduro en Miraflores para responder de este modo a la propuesta de EEUU sobre un gobierno de transición democrático. En ningún momento, sin embargo, nombró dicha propuesta, ni a Mike Pompeo ni a Juan Guaidó. De EEUU solo habló para criticar la pésima gestión que, según él, está haciendo el presidente Donald Trump frente a la crisis del coronavirus.
Pero sin decir nada explícito, Maduro lo dijo todo. “Yo he convocado a este Consejo de Estado para hacer frente a la crisis del COVID-19 y para debatir el tema de la soberanía nacional (…) La Constitución de 1999 es tajante, expresa y clara. Yo fui corredactor. Hicimos esta Constitución junto al pueblo y el pueblo la aprobó el 15/12/1999 con el 76% de los votos”, aseguraba el mandatario para dejar claro que esa figura del Consejo de Estado que él estaba presidiendo en ese preciso momento es la única legítima y constitucional en Venezuela.
El Consejo de Estado propuesto por EEUU estaría compuesto por cuatro miembros, dos chavistas y dos opositores, y ellos serían los encargados de elegir al quinto miembro que haría las veces de presidente de este Consejo y que no podría presentarse a las elecciones presidenciales libres que EEUU propone celebrar en un plazo de entre seis y doce meses.
Dentro del plan de EEUU para la designación de ese Consejo de Estado hay otros puntos importantes que cabría destacar:
Con todos estos elementos sobre la mesa y con el documento oficial publicado en el sitio web del Departamento de Estado de EEUU, Juan Guaidó no tardó en reaccionar y hacer suya la propuesta estadounidense, a pesar de que, en una primera instancia, el gobierno de transición le dejaría fuera de la presidencia interina aunque mantendría la presidencia del Parlamento nacional.
El propio Guaidó había planteado horas antes a través de un vídeo en sus redes sociales un Gobierno de Emergencia Nacional que incluyera a todos los sectores políticos y delegase las decisiones fundamentales en un Consejo de Estado “paritario” conformado por miembros libres de acusaciones de corrupción o narcotráfico. También Guaidó propuso en los últimos días a Nicolás Maduro formar un Gobierno de Emergencia (sin Maduro) para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Tras conocer el anuncio de Mike Pompeo, Guaidó aplaudió la medida y horas después sacó un comunicado a través de su Centro de Comunicación Nacional en el que señalaba la importancia de los pasos y condiciones a seguir para que “los jerarcas de la dictadura (…) que han atentado contra la seguridad y estabilidad de nuestro hemisferio (…) deben cumplir para lograr el levantamiento de las sanciones que han ocasionado con su comportamiento criminal”.
El próximo jueves a las 9 de la mañana, en un hecho sin precedentes, Juan Guaidó ha sido llamado a declarar en el Ministerio Público por orden del Fiscal de Venezuela, Tarek William Saab. La noticia sorprendía en la mañana del martes y el llamado incluye comparecer por los señalamientos de ser “protagonista de intento de golpe y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro”.
La medida del Fiscal se enmarca en la investigación del ex general venezolano Clíver Alcalá, que la semana pasada denunció un supuesto golpe de Estado e intento de magnicidio contra Nicolás Maduro planificado en Colombia en el que estaría involucrado el propio Guaidó con la firma de un contrato de armas y fusiles de asalto a EEUU.
El presidente Encargado de Venezuela no ha respondido por el momento al llamado de la fiscalía venezolana y el interrogante ahora es qué hará el próximo jueves, si acudirá o no a declarar y en caso de no hacerlo qué podría pasarle. ¿Podrían detenerle?
El abogado venezolano Yonder Canchica responde a NIUS sobre esta cuestión: “en caso de no acudir, el Fiscal puede solicitar un Mandato de Conducción con el fin de que sea trasladado por los cuerpos de seguridad hasta el Ministerio Público para prestar su declaración”.
Sin embargo, según el abogado, el “Mandato de Conducción” no supondría una detención del implicado o su privación de libertad. “Es para que asista y declare. Luego podrá irse. Sin embargo, queda a criterio del fiscal que lleve la investigación requerir o no el Mandato de Conducción en primera instancia o darle otra oportunidad”, añade Canchica.
El experto legal aclara que una citación para rendir declaración es “muy distinta a una orden de captura o citarle para imputarle algún delito”. No obstante, el llamado podría ser la antesala a una medida más coercitiva que atente contra la libertad del diputado.
No sería la primera vez que Juan Guaidó recibe indirectas (o amenazas) por parte del Ejecutivo nacional. La noche anterior al anuncio de la Fiscalía, Nicolás Maduro advirtió a todos sus adversarios que tiene preparada lo que llamó la “Operación Tun-Tun”, en alusión, “a todos los terroristas, complotados” que intentan dañar a Venezuela, dijo.
Maduro lanzó una fuerte amenaza contra sus rivales políticos asegurando que “les llegaría la justicia”, y especialmente hizo referencia a Juan Guaidó, cuando dijo frente a cámara “a ti que me estás mirando, después no vengas llorando por redes sociales”.