La votación se ha saldado con el respaldo de 61 de los parlamentarios, superando los 57 necesarios para proceder al juicio político. La decisión ha sido adoptada apenas un día después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia durante un periodo de 30 días.
Maldivas declaró el estado de emergencia citando amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública, en el marco de las operaciones de las autoridades tras la explosión registrada el 28 de septiembre en el bote en el que viajaba el presidente, Abdulá Yameen, quien escapó ileso al incidente.
El FBI ha afirmado esta misma semana que no ha encontrado pruebas concluyentes de que la explosión fuera causada por una bomba. El Gobierno dijo en un principio que la explosión se debía a un fallo técnico pero, después de que algunos expertos internacionales lo descartaran, sostuvo que se trataba de un intento de acabar con la vida de Yameen.
Tras la detención, Yameen describió a Adheeb como "una amenaza para la seguridad nacional", acusándole de usar su influencia en la Policía para destruir pruebas y dañar la investigación sobre el suceso.
"No quiero que ningún miembro de mi gabinete, incluido el vicepresidente, tenga conexiones cercanas con la Policía y el Ejército, siempre he querido que las dos instituciones funcionen de forma independiente", dijo.
Yameen aseguró además que la Policía era consciente de los planes para atentar contra él, manifestando que "se niega a pensar que la Inteligencia no hubiera detectado algo de semejante magnitud". "No puede ser una coincidencia", recalcó.
La detención de Adheeb se enmarca en la purga interna que el Gobierno ha lanzado en el aparato de seguridad y que ha llevado a la detención de decenas de uniformados, además de a la destitución del ministro de Defensa, Moosa Alí Jaleel.