El Alto Tribunal adopta esta decisión después de que en noviembre del año pasado su sala tercera se declarara competente para el análisis de los recursos recibidos en contra de este fondo, creado por el Gobierno para cumplir las exigencias comunitarias en materia de eficiencia.
Con su decisión, Gas Natural Fenosa se suma a otras empresas que también han recurrido esta normativa, entre ellas GDF Suez, Kuwait Petroleum España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factor Energía.
La medida también ha sido denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que agrupa a los operadores Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, algunos de los cuales ya han decidido por separado denunciar la orden ministerial ante la misma instancia.
Otras empresas del sector de la energía que han presentado denuncias son Saras y Tamoil, así como por las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Shell.
El Supremo también ha admitido a trámite recursos de empresas que van desde los productores de electricidad Acciona, HC (filial de EDP España) y E.ON España hasta los instaladores eléctricos de Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie).
La norma está recurrida además por los pequeños comercializadores, representados por la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, así como por la comercializadora Nexus y por las pequeñas distribuidoras de electricidad integradas en Cide HC Energía.
La orden ministerial denunciada, publicada en febrero de 2015, detalla las aportaciones de cada empresa al nuevo fondo de eficiencia, creado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y en el que se establece la contribución obligatoria de 240 agentes del sector con el objetivo de ahorrar este año 243 millones de euros a través de medidas de eficiencia.
Conforme a este nuevo mecanismo de obligaciones, las empresas deben ahorrar durante el año una energía equivalente a un 1,5% anual de sus ventas, medidas en términos energéticos, a través de medidas de eficiencia.
Este plan de Industria se lanza en cumplimiento de las directivas comunitarias, que establecen la obligación de justificar las cantidades de ahorro de energía conforme a los objetivos de 2020. España debe ahorrar 15,9 millones de toneladas o equivalente entre 2014 y 2020.
Para el ejercicio 2016, Industria elaboró una propuesta de orden ministerial en la que se establecen unas aportaciones obligatorias a cerca de 240 empresas valoradas en 206,8 millones de euros.