Son aplicaciones como las que ya están instaladas, por defecto, en su teléfono móvil y rastrean positivos del coronavirus para contener su expansión. Cuanto mayor sea su uso, mayor podría ser su éxito por la probabilidad de identificación y anticipación de posibles contagios, pero su tecnología plantea dudas, no sólo sobre su efectividad real, como advierte desde la Cátedra de Bioética de la UNESCO de la Universidad de Barcelona Itziar de Lecuona, también sobre qué puede ocurrir con nuestra información personal.
Decenas de países ya han diseñado su propia aplicación móvil. También España, donde arrancaba el pasado lunes, en la isla canaria de la Gomera, el programa piloto de La Moncloa para hacer un seguimiento de contactos de infectados mediante la tecnología 'blueetooth'.
De su éxito durante dos semanas dependerá su uso o no a nivel nacional. Con el precedente de que en ningún país, de momento, ha funcionado como se esperaba. Sin un sistema común entre un estado y otro, tampoco, en la Unión Europea.
Y con el reto, para los comités éticos de investigación, de adaptarse a esta nueva realidad del big data. Para la Agencia Española de Protección de Datos, se trata de un punto de inflexión crítico por los derechos y libertades de los ciudadanos si estas tecnologías, finalmente, no se usan de forma adecuada.