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Es una de las preguntas que se hace hoy la opinión pública, ¿Cómo es posible que los dos policías de Estepona que fueron condenados en primavera a dos años de prisión por la violación de una joven de 18 años finalmente solo tengan que hacer un cursillo? ¿Cómo es posible que la acusación haya accedido a un pacto?
Los dos policías de Estepona fueron detenidos en verano de 2018. Ingresaron de manera provisional en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, de donde salieron bajo fianza. El Ayuntamiento de Estepona les suspendió entonces de empleo y sueldo. Esta primavera, la Fiscalía de Málaga solicitó 30 años de cárcel para cada agente por un delito de agresión sexual, mientras que la acusación particular pedía tres más —33 en total— porque consideraba que habían obligado a la joven a consumir cocaína contra su voluntad.
El juicio no se llegó a celebrar porque en la vista previa, el 22 de abril, la acusación particular, las defensas y el Ministerio Fiscal presentaron un escrito conjunto tras llegar a un acuerdo. El juez dictó entonces una sentencia de conformidad en la que los acusados aceptaban dos años de prisión e inhabilitación durante otros dos años para un empleo público, así como libertad vigilada durante cinco años y prohibición de acercarse a 500 metros de la víctima, además de pagarle 80.000 euros de indemnización. Ya han pagado.
“Después de pasar unas semanas de muchos nervios estudiando para selectividad, invité a una amiga y a su novio al piso de mis padres en Estepona. El sábado por la noche estuvimos en una discoteca. Sobre las cinco y media de la mañana regresamos a casa en coche. Conducía el novio de mi amiga. Una pareja de policías nos pidió que parásemos. Le preguntaron al conductor si había bebido y dijo que sí. Entonces los agentes llamaron a un taxi y le pidieron a él su número de teléfono para enviarnos una localización para que supiéramos dónde estaba el coche.
Al llegar a casa un agente escribió un mensaje diciendo que yo les había gustado. Pocos minutos después llegaron los agentes a mi urbanización. Les esperamos abajo en el portal. Yo no quería que subieran, pero ellos insistieron. Le quitaron las llaves del piso a mi amigo… Los agentes consumieron cocaína sobre la mesa de mi salón. Se desnudaron poco a poco hasta quedarse en calzoncillos. Y comenzaron a tocarme…. los dos.
Mi amiga, al ver la situación, se fue con ansiedad. Una vez en la calle llamó al teléfono de emergencias. Yo no sabía qué hacer. No sabía a quién llamar. ¿Para qué llamar a la policía si la tenía en casa? Le pedí a mi amigo que no me dejara sola, pero él no pudo ayudarme. Eran dos y eran policías.
Me arrancaron el vestido y la ropa interior. Uno de ellos le retorció el brazo y mi amigo y le dijo dijo: ‘Vámonos a por más droga’. Me quedé sola con el otro agente y en la cocina, sobre la encimera abusó de mí. Cuando llegó la ambulancia, recogió los restos de cocaína, se vistió y se fue. La policía nacional llegó 40 minutos más tarde.
Dije que no. Lo dije claro. Lo dije muchas veces. Al principio me resistí… pero llegó un momento en que sólo pude cerrar los ojos. Pensé que sería lo mejor. Lo cuento para ayudar a otras chicas. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Siento que esta no es mi vida”.
Ahora la acusación particular pone encima de la mesa las razones que han provocado un acuerdo que ha sorprendido.
Evitar “un duro y extenuante" proceso judicial que podría alargarse años es uno de los motivos del pacto acordado por la joven de Estepona con los dos policías locales acusados de abusar sexualmente de ella que les ha librado de la cárcel y que el tribunal tuvo que aceptar obligatoriamente.
En el espíritu del pacto que ha librado de la cárcel a los dos policías locales acusados de abusar de una chica en Estepona en 2018 está evitar la "revictimización" de la joven al tener que revivir el abuso y que la sometan a un juicio mediático paralelo, han asegurado a EFE fuentes del entorno de la víctima este jueves.
El motivo principal por el que la acusación particular que ejerce la agredida ha decidido alcanzar un acuerdo es huir de un circo mediático, evitar lo que ocurrió hace unos años con el caso de La Manada y que se terminase por cuestionar a la joven, según las mismas fuentes.
Lo sucedido no lo repara, pero “tampoco una condena de 30 años de cárcel y los rigores de un juicio o el interés mediático” que generaría un proceso con dos agentes sentados en el banquillo de los acusados, por lo que creen que “esta era la mejor condena para la víctima, aunque a la sociedad no le guste”, han señalado.
El pacto al que se ha llegado, que, según las fuentes, algunos han malinterpretado, “busca lo mejor” para ella y evitar que tenga que pasar por “un duro y extenuante" proceso judicial que podría alargarse durante años. El acuerdo en cuestión no se limita a cambiar el ingreso en prisión de los dos policías por la realización de un curso de reeducación sexual, insisten las fuentes, que lamentan “la interpretación tan simplista” que se está realizando del asunto.
Los dos policías han sido condenados por la Audiencia de Málaga a dos años de prisión, que han evitado tras un acuerdo en el que tendrán que indemnizar a la víctima en 80.000 euros y asistir a un programa de reeducación sexual.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha explicado que el tribunal estaba obligado a aceptar el acuerdo alcanzado por las acusaciones y las defensas. Del Río ha señalado que el proceso penal se basa en el principio acusatorio, "y eso significa que el juez no puede condenar por más de lo que le pidan las partes". Es algo que "los jueces tienen que aceptar", ha explicado Del Río, quien ha incidido en que "un juez no puede condenar si no hay alguien que lo pida, igual que no se puede poner en prisión si el fiscal u otra parte no piden la prisión".
Por su parte el presidente de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga advirtió en la sentencia que ha permitido evitar la cárcel a dos policías que "no cabe descartar" en los condenados "un pronóstico de peligrosidad criminal en relación con delitos contra la libertad sexual". El magistrado Pedro Molero expresó su voto particular discrepante con la decisión adoptada por la mayoría de los componentes del tribunal en la sentencia. Sostiene que por sus compañeros de sala "se opera con cierto automatismo" en la concesión del beneficio "al aludir simplemente a la concurrencia de los requisitos legales para ello", aunque en la sentencia "no se contiene dato alguno que permita realizar un pronóstico de escasa probabilidad de que ninguno de los penados vuelva a cometer hechos de similar naturaleza en el futuro", advierte.
Añade que el hecho de que todas las partes estén de acuerdo en la suspensión de condena "no releva al tribunal sentenciador de aplicar su criterio en la materia incluso con independencia de la voluntad de la víctima expresada por su letrada". Por otra parte, el Ayuntamiento de Estepona ha expulsado definitivamente de la Policía Local a uno de los agentes . Aunque el policía de este municipio malagueño, hasta la fecha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo, no entrará en la cárcel merced al acuerdo al que ha llegado con la víctima, tampoco se reincorporará al servicio y quedará relevado de sus funciones como agente de la autoridad local de forma permanente, según han dicho a Efe fuentes del Ayuntamiento. De los dos agentes, uno era funcionario en el Ayuntamiento de Estepona, condición que ha perdido, y el otro tampoco volverá a trabajar en ese consistorio porque no se le renovó la comisión de servicio a la que estaba acogido una vez que se conocieron los hechos.