Spanair: 15 años del siniestro del vuelo JK5022, el tercero más grave de la historia de la aviación española

Este domingo se cumplen quince años del grave accidente en el aeropuerto de Barajas del vuelo JK5022 de la compañía Spanair con 172 personas a bordo con destino a Las Palmas de Gran Canaria. Nada más despegar se produjo el siniestro que dejó 154 muertos y del que sobrevivieron solo 18 pasajeros.

Sucedió el 20 de agosto de 2008 cuando cientos de viajeros en el aeropuerto de Barajas comenzaban o regresaban de sus vacaciones. Uno de los vuelos de esa mañana no llegó a su destino, en Gran Canaria, residencia de la mayoría de sus pasajeros.

Cronología de los hechos

Estas son las fechas claves del tercer accidente más grave de la historia de la aviación española y que, según determinó el informe de la comisión de investigación, se produjo por una concatenación de errores en el que todas las medidas de seguridad fallaron.

- 20.08.2008. Un avión McDonnell Douglas MD82 de Spanair despega de la pista 36 del aeropuerto madrileño. Tras elevarse apenas 12 metros a las 14.45 horas desciende bruscamente e impacta sobre el terreno con el cono de cola y, casi simultáneamente, con la punta del ala derecha y los capós del motor del mismo lado.

Mueren 154 personas -la última falleció a los tres días- y 18 resultan heridas. Previo al despegue, el comandante del vuelo había pedido la revisión de la aeronave al detectar una avería en el indicador de la temperatura.

- 07.10.2008. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) aprueba el informe preliminar, se señala que durante el despegue los valores de deflexión de los flaps fueron de cero grados y que ninguna alarma detectó la configuración errónea.

- 16.10.2008. El juez imputa a tres técnicos de la compañía por homicidio imprudente.

- 17.08.2009. La CIAIAC publica su informe, del que se desprende que el avión despegó con los flaps replegados, y falló el sistema encargado de advertir a la tripulación.

- 20.10.2010. El Parlamento Europeo da luz verde a un reglamento para mejorar la seguridad aérea y garantizar las investigaciones en la aviación civil.

- 17.05.2011. Según el informe del órgano pericial designado por el juez, el personal de mantenimiento del avión "no llegó a identificar la causa de la avería y despachó el avión incorrectamente".

- 01.06.2011. El juez imputa a tres directivos de Spanair, como solicitaban los afectados.

- 29.07.2011. El informe de la CIAIAC concluye que la tripulación no configuró correctamente el avión, no desplegó los flaps/slats y no detectó esos errores, entre otros motivos, porque no funcionó el sistema de alerta (TOWS). La Asociación de Afectados califica el informe de "rotundo fracaso".

- 12.12.2011. El juez reduce a dos técnicos la responsabilidad, acusados de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones imprudentes. El Sepla recurre el auto.

- 12.01.2012. La Fiscalía y la Asociación de Afectados piden nuevas pruebas.

- 19.09.2012. La Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa penal, al considerar que la responsabilidad del siniestro no es imputable a los técnicos, sino a la actuación "errónea" de los pilotos, fallecidos en el siniestro.

- 01.10.2013. El TC rechaza amparar a los afectados, al no existir violación de un derecho fundamental tutelable al amparo.

- 31.03.2014. Los afectados reclaman al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

- 14.05.2014. Se aprueba el Protocolo de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Aéreos.

- 06.02.2018. El Congreso aprueba crear una comisión de investigación, cuyas comparecencias arrancan cinco meses después, si bien es interrumpida en noviembre por las elecciones generales.

- 13.05.2021. Con el PSOE en contra, el Congreso aprueba el dictamen de comisión que señala a 18 cargos políticos vinculados al Ministerio de Fomento, y es enviado a la Fiscalía.

- 10.01.2022. El Tribunal Supremo condena a Mapfre a pagar 3,8 millones de euros a 40 familiares de las víctimas.

- 20.08.2022. Los afectados denuncian el bloqueo político y consideran que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pudo cometer prevaricación "al decidir no enviar el dictamen a la Fiscalía General".