El capitán, el teniente y el sargento de los dos militares muertos en Cerro Muriano, imputados por un juez militar

El juzgado militar que va a llevar la causa de los dos militares muertos en diciembre en unas maniobras en un lago de la base de Cerro Muriano acaba de enviar un auto en el que imputa al capitán, a un teniente y a un sargento como responsables de las muertes de las dos víctimas.

El programa 'Vamos a Ver' presentado por Joaquín Prat en Telecinco ha tenido acceso al auto donde el juez asegura que hay indicios de un posible delito contra la eficacia en el servicio, delito tipificado por el Tribunal Militar. Además, se asegura que e las medidas de seguridad empleadas durante estas maniobras no cumplieron con la función pretendida.

Concretamente, el juez del Tribunal Togado Militar 21 de Sevilla, que investiga lo ocurrido tras la inhibición del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, ha decidido imputar al capitán, retirado de inmediato de sus funciones por el Ministerio de Defensa tras el suceso, a un teniente y a un sargento presentes en el ejercicio acuático.

Según las fuentes, los imputados podrían haber incurrido en un delito contra la eficacia del servicio, que se produce cuando el militar incumple sus deberes fundamentales causando "grave daño en los medios o recursos de las Fuerzas Armadas o en las personas, o riesgo para el servicio o para la seguridad de una fuerza, unidad o establecimiento de las Fuerzas Armadas".

Esta última información se une a las advertencias del presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez. El miércoles 17 de enero ya se comunicaba las "presiones" a soldados compañeros de los dos militares muertos.

Además, se recalcaba que los castigos son "ilegales y están prohibidos", después de que supuestamente unos 20 militares de los 60 que iban a hacer las maniobras llevaban sobrecarga en sus mochilas, entre ellos el soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), que falleció en el acto junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y natural de Adamuz (Córdoba).

En una entrevista con Canal Sur Radio, el presidente de ATME ha mandado sus "condolencias a las familias" y ha defendido que "el caso se quede en la justicia civil", porque "presuntamente, y ya se han dado casos, como lamentablemente un compañero de Almería, existe un corporativismo dentro de la justicia militar y las sanciones suelen ser más benévolas", ha subrayado.

Por tanto, "para evitar eso, somos partidarios de que vaya a la justicia civil", ha expuesto, razonando que "mientras estemos en zona nacional y no en zona de operaciones, que es más complicado, tenemos que ser juzgados como cualquier ciudadano", y que sea "un juzgado civil, para que lo que tenga que ocurrir ocurra sin ningún tipo de injerencia por parte de cuadros de mando que juzgan a propios militares", ha agregado.

Tras enfatizar que "hay que andar con mucha precaución y respetar siempre la investigación", Gómez ha apuntado presuntamente a "una serie de fallos en cadena que propiciaron el grave desenlace de los dos compañeros", como que "la línea de vida no era la adecuada, sino una cuerda mal puesta, cuando una línea de vida tiene que ir con un montaje especializado por personal especializado"; que "no hubiese una Zodiac o balsas para que en un momento alguien se pudiese agarrar si no podía terminar de nadar o flotar"; que "la ambulancia estuviese a una distancia adecuada para socorrer al personal en ese momento".

Al respecto, ha manifestado que "el cúmulo de situaciones que se dieron agravaron la situación, añadida además a que el capitán en ese momento si vio que las condiciones no eran las idóneas, podía haber perfectamente suspendido el ejercicio, informando a su cadena de mando orgánica", porque "si las inclemencias del tiempo y la situación del personal no era las adecuadas podía perfectamente haber suspendido el ejercicio", ha aseverado.

En este caso, ha explicado que "los programas de instrucción vienen por la cadena orgánica de la Unidad a nivel Brigada, que aprueba una serie de protocolos de actuación en las maniobras y luego se desarrollan dentro de las unidades", pero "no pueden entrar desde arriba al mínimo detalle de lo que se pueda hacer en ese tipo de ejercicio".

De este modo, ha indicado que "son las unidades orgánicas las dependientes de ese ejercicio en ese programa de instrucción las que desarrollan dentro de lo ya marcado". "Una vez que ya lo tienen marcado, automáticamente cuando uno va de maniobras puede haber pequeños detalles que se pueden modificar sobre la marcha, pero no se puede modificar sustancialmente el ejercicio en sí", ha precisado el presidente de ATME.

Así, Gómez ha declarado que "en ese momento, el máximo responsable es el capitán", puntualizando que "el mando no se delega y es responsabilidad del mando para lo bueno y para lo malo", de manera que "si allí no había ningún mando superior, el jefe era el capitán y no puede haber otra línea de actuación".

Preguntado por si había castigo en estas maniobras, el dirigente de ATME ha señalado que "hay que ser muy cautelosos", aunque ha aclarado que "los castigos físicos dentro de las Fuerzas Armadas son ilegales y están terminantemente prohibidos". "Partiendo de esa base, hay una línea muy delgada y muy complicada de demostrar, que es separar la instrucción de un castigo físico", ha señalado.

Como ejemplo, ha citado que han tenido "denuncias en casos de compañeros donde han tenido abuso de autoridad, con abuso de ejercicio físico", pero "es muy complicado", a la vez que ha comentado que "la mayoría de los soldados aceptan castigos, entre comillas, no implícitos en la orden, porque no quieren que les arresten por miedo", de modo que "se hace por miedo", porque "el arresto a un chico es quitarle su libertad" o "una sanción administrativa, que agrava todavía más" ante "los salarios de auténtica vergüenza", ha reprochado.

En este sentido, si hubo un lastre en la mochila de los soldados que hacían las maniobras el día 21 de diciembre, "lo tendrá que determinar la investigación", pero "si fue un castigo, eso está terminantemente prohibido y es ilegal", ha remarcado.

En concreto, la Asociación de Tropa y Marinería Española ha elevado una serie de preguntas al Ministerio de Defensa, "que se van a ampliar", y quieren hacer suyas "las palabras que dijo la ministra", Margarita Robles, sobre que "nadie tenga miedo de decir la verdad", de forma que quieren que "el Ministerio de Defensa conteste con la verdad".

Además, ha afirmado que "ATME siempre va a estar con las familias para lo que necesiten, con cualquier tipo de asesoramiento", de ahí que "se les intente ayudar en todo lo posible solicitando a Defensa la información vital para que ayude a la familia para que se esclarezca todo".

Asimismo, ha avanzado que este jueves representantes de la asociación estarán en Córdoba para "dar una charla con el grupo de asesoramiento jurídico y abogado, y ya estamos recibiendo mensajes de soldados de Cerro Muriano que les están presionando para que no acudan para saber cuáles son sus derechos", de forma que "eso no es dar la libertad a los soldados para que puedan hablar libremente", ha advertido.

Después de asegurar que han contactado con los compañeros de los dos militares que murieron en Cerro Muriano, Gómez ha relatado que "hay muchísimo miedo" y les han transmitido que "la cosa está muy mal, hay muy mal ambiente y tienen mucho miedo con las presiones que están recibiendo en la Unidad".

En cualquier caso, ha dicho que confían en que "Defensa haga las cosas como tiene que hacerlas, que no ocurra como en otras ocasiones, que al final cuando se ha sabido la verdad y la investigación ha salido a la luz, se ha visto que Defensa se ha puesto un poco de perfil". Así, espera que "vaya de frente, que las cosas se hagan bien, que se deje trabajar a la justicia, que la investigación vaya adelante, pero, sobre todo, que no haya ningún tipo de injerencia y no les metan miedo a los soldados, que los dejen hablar".

En definitiva, el presidente de ATME ha defendido que "hay que dejar que la verdad salga adelante, porque se han perdido dos vidas humanas y hay dos familias rotas para toda la vida".

En este caso, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que investigaba la causa, ha dictado un auto en el que acuerda su inhibición en favor de la jurisdicción militar al considerar que ésta es la competente para ello, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al hilo, la Fiscalía Provincial considera que "la jurisdicción militar es la competente para continuar con la investigación", según comunicó el Ministerio Público en un informe remitido al Juzgado de Instrucción. De hecho, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla, pidió a Instrucción que se inhibiera a su favor. Las familias de ambos militares están personadas en las diligencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.