Los derribos comenzaron sobre las 7.45 horas con un gran despliegue policial, cerca de 50 agentes de la Policía Local y Nacional.
El primer inmueble en derribarse estaba ubicado en la calle San Pedro,número 29, y el segundo en la calle Luis Despuig, número 26. Ambos se encontraban en el mismo edificio pero disponían de dos fachadas diferentes, cada una de ellas con salida a una calle distinta.
Con estos primeros derribos se fueron agolpando en la zona decenas de vecinos y miembros de la plataforma de Salvem el Cabanyal, quienes reclamaban que se paralizase la actuación.
Posteriormente, las grúas se desplazaron hasta la calle Vidal de Cañelles, donde estaba previsto derruir el inmueble número 15. Ante la gran cantidad de vecinos y medios de comunicación, los agentes acordonaron la calle desde los dos extremos y negaron el acceso.
Ante estas restricciones, los vecinos elevaron sus gritos y sacaron cacerolas a la calle. También desde una de las viviendas de la calle lanzaron un cubo de agua a los agentes al tiempo que les pedían que se fueran de allí y "dejaran el barrio tranquilo".
Sinde garantiza que el Gobierno pedirá "medidas cautelares"
La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, aseguró que el Gobierno central pedirá a los juzgados que tomen "medidas cautelares" para evitar la demolición de "bienes culturales" en el barrio valenciano de El Cabanyal que son "patrimonio histórico".
"Hay órdenes ministeriales y dictámenes de los jueces que hay que cumplir", sentenció la ministra al término de la reunión que mantuvo en la capital con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el que abordó diversos asuntos de interés cultural para la comunidad.
En este sentido, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha cursado instrucciones a la Abogacía del Estado para que "con carácter inmediato y como medida cautelarísima", se solicite del juzgado "la suspensión de todo tipo de derribos"en El Cabanyal "en base a la orden vigente del Ministerio de Cultura que así lo dispone y que establece la obligación del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat de ejecutar esa orden". RSO