Los presuntos acuerdos afectarían a los servicios de transporte marítimo regular de pasajeros y de mercancías, informó hoy en un comunicado el organismo presidido por Luis Berenguer.
Según la misma fuente, la investigación se inició tras la denuncia presentada por el Consell Insular de Ibiza por supuestas conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).
Estas prácticas consistirían en la adopción de acuerdos sobre precios, otras condiciones comerciales y para repartirse el mercado, así como "en la imposición de precios y condiciones comerciales no equitativos" en el mercado de transporte de pasajeros y mercancías entre Península y Baleares.