Denuncian la muerte de 22 activistas en los 75 días del Gobierno de Santos

El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y otras organizaciones expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento, que se basa en los datos de una plataforma que reúne a cerca de 200 organizaciones pro derechos humanos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEEU).

En concreto, el informe detalla la muerte de cinco activistas defensores de las tierras, siete líderes indígenas, una defensora de los derechos humanos, cinco sindicalistas, dos mujeres educadoras comunitarias y dos miembros de organizaciones de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT).

Además, da cuenta del homicidio del juez Pedro Elias Ballesteros Rojas, quien atendió juicios sobre asesinatos civiles y hornos crematorios construidos para deshacerse de cadáveres por parte de paramilitares.

Entre los líderes indígenas asesinados, estaba el periodista Rodolfo Maya Aricape, corresponsal de una radio comunitaria indígena, que murió en el departamento del Cauca.

Otro caso documentado es el asesinato de tres niños en el Municipio de Tame el 14 de octubre que, según las organizaciones, fue perpetrado por miembros del Batallón de contraguerrillas número 45, adscrito a la Brigada Móvil número 5 de la octava división del Ejército Nacional.

Igualmente, se exponen amenazas y hostigamiento a decenas de organizaciones pro derechos humanos y sus miembros a lo largo de las 21 páginas del informe titulado "Las palabras y los hechos. Los primeros 75 días del Gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de los derechos humanos".

Con detalle, se enumeran 19 amenazas, ocho casos de hostigamientos, cuatro seguimientos, cuatro detenciones arbitrarias, cinco atentados, un caso de uso de excesivo de la fuerza, tres casos de sustracción de información y tres casos de montajes judiciales.

Santos asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2010.

Tras una audiencia de la CIDH, que celebra estos días el 140 período de sesiones, María Victoria Fallon, de GIDH, dijo que el informe pretende demostrar que existe una "continuidad con otro lenguaje" entre el Gobierno actual y el anterior de Álvaro Uribe en cuanto a la situación de derechos humanos.

"Puede haber un cambio de estilo, pero tiene que verse en la práctica", señaló Fallon, quien insistió en que los datos son un "subregistro", en alusión a que podría haber más muertes no documentadas.

En la audiencia, Fallon pidió a los comisionados de la CIDH una visita a Colombia para evaluar la situación denunciada y aseguró que los grupos pro derechos humanos necesitan el "apoyo" de la comisión para que se avance en el trabajo para una política de atención y reparación de daños a víctimas.

Por su parte, la delegación gubernamental reconoció, tanto en esa audiencia como en otra posterior referida a las medidas cautelares para proteger los activistas, la "problemática" e invitó a la Comisión a visitar Colombia.

En cuanto al informe presentado, la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Justicia, María Paulina Riveros, dijo a Efe que las instituciones pertinentes del Gobierno investigarán "inmediatamente" los hechos denunciados.

Sin embargo, objetó que "sí" ha habido avances en "disposición y política" en los últimos meses en cuanto a la protección de defensores de los derechos humanos.

"Evidentemente reconocemos que sigue habiendo amenazas muy graves contra las defensores y defensoras de derechos, pero digamos que el avance está en cuanto a abrirnos a los espacios de concertación pertinentes", aseguró.

En la segunda audiencia, activistas expresaron su preocupación por el aumento de ataques que reciben mujeres defensoras de derechos desde hace "más o menos hace un año", según dijo a Efe Liliana Chaparro, de Sisma Mujer.