La Generalitat asegura que en 2008 advirtió a la propietaria de Blau Marí, un pequeño comercio de tejidos, de que debía poner los carteles, "al menos en catalán", como exige la norma vigente en política lingüística. Sin embargo, esta empresaria lo niega.
Feliciana Piris asegura que ella se limitó a tapar los rótulos en castellano y no los sustituyó por otros en catalán, cuando la Generalitat le multó con 1.200 euros. Sin embargo, esto no es suficiente para evitar la sanción. La Generalitat solo la ha reducido porque, argumenta, la empresa ha incumplido la normativa mucho tiempo.
Justo al lado de Blau Mari hay otros negocios con carteles en castellano que no han sido sancionados. Feliciana insite en que el 80% de sus clientes hablan castellano.
Feliciana está dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional para defender sus derechos lingüísticos. En la misma situación está Xurde Rocamundi, propietario de la inmobiliaria Global Fincas en Arenys de Munt. Con la misma multa, también está dispuesto a ir al constitucional y hasta Estrasburgo.