Pasadas las tres y media de la tarde ha entrado María José Campanario, acompañada de su marido, el torero Jesulín de Ubrique, y de su madre, a quienes han gritado "¡Ladrones!" y "¡Váis a ir a Puerto II!" algunos de los congregados ante la puerta de la Audiencia. Para ello se puso de acuerdo con su amigo Francisco Casto Pérez, un inspector médico destinado en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta de Andalucía y que, por este cargo, tenía una situación "privilegiada" para controlar y tramitar altas y bajas en los expedientes de incapacidad laboral.
Como su zona de competencia eran las localidades de Cádiz, San Fernando y Puerto de Santa María, los interesados se empadronaban en viviendas de estas ciudades gaditanas a pesar de no residir en ellas y se pusieron de acuerdo con médicos también acusados en este proceso como Harold Escalante Martínez o Luis Carretero Cala. Con este procedimiento obtuvieron la incapacidad laboral diversas personas y tramitaron las de otras que fueron descubiertas antes de que llegaran a cobrar.
Cuando el expediente pasó a la Delegación Provincial del INSS y Remedios fue citada para ser reconocida, la facultativa, tras explorarla, acordó la practica de una prueba médica, por lo que ella, su hija y los cabecillas de la red, decidieron enviar a otra persona que tuviera una afección parecida y se hiciera pasar por la madre de Campanario, explica el fiscal.
La elegida fue la madre de la pareja de Carlos Carretero, que llegó a hacerse la prueba, aunque finalmente, tras descubrirse la trama, el INSS denegó a Remedios Torres el reconocimiento de cualquier incapacidad y no llegó a percibir ninguna prestación económica.
Francisco Baena Bocanegra, abogado de María José Campanario y de su madre Remedios Torres, ha calificado el juicio como la "instrucción don teléfono" porque todo el caso "se ha montado a través de las escuchas".
Baena Bocanegra ha incidido en que "la verdad no se puede conseguir a cualquier precio" y que "las grabaciones no han hecho otra cosa que contaminar todo el procedimiento".
El defensor de María José Campanario se ha referido también a los posibles pactos a que podrían haber llegado algunos de los acusados y ha afirmado que "no le preocupa", sobre todo después de haber escuchado a su cliente decir: "somos inocentes, no pacto mi dignidad".
María José Campanario, que siempre ha mantenido que fue engañada, ha rechazado pactar su condena con el fiscal y aceptar su culpabilidad, a cambio de reducir su condena hasta dos años de prisión, con lo que conseguiría que se le conmutara el ingreso en la cárcel.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha acomodado sus instalaciones para acoger este proceso, que tiene previsto finalizar el 10 de junio, tras 18 sesiones y en el que, además de una treintena de acusados, hay una treintena de abogados, además de los miembros del tribunal. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal explica que Carlos Carretero, exjefe de la policía municipal de Ubrique que en 2003 logró la incapacidad laboral permanente absoluta, ideó "un plan" para obtener dinero de personas a las que ofreció obtener de forma fraudulenta pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Es el caso de Remedios Torres Jiménez, la madre de María José Campanario, que ni trabajaba y tenía ya reconocida una minusvalía sin derecho a pensión. Según el fiscal, Campanario y su madre conocían a José Luis López, un amigo de Carretero, y acordaron recurrir a él para obtener la incapacidad laboral de Remedios.
Siempre según el fiscal, Campanario entregó a Carretero 18.000 euros y éste, para dar apariencia de legalidad, dio de alta a su madre cuatro meses de 2005 en una empresa en la que "no desempeñó trabajo alguno". En noviembre de ese año, el médico "confeccionó, sin siquiera reconocer a Remedios, que nunca estuvo en hospitales de la provincia de Cádiz, un informe simulando que la había atendido por una torcedura de tobillo" y, posteriormente, otros por esguince cervical y cervicobraquialgia por hernia discal.
"Somos inocentes. No pacto mi dignidad"
Ella, su madre y el inspector médico Francisco Casto, para quien el fiscal solicita diez años de prisión al igual que para Carretero, son de los pocos acusados que no han aceptado ese acuerdo, según fuentes jurídicas. El juicio se iniciará el lunes con algunas cuestiones previas como las que plantearán los abogados que pedirán la nulidad de las escuchas telefónicas que destaparon casualmente el caso cuando un juzgado de Jerez de la Frontera investigaba un fraude de facturas. CGS