El acuerdo fue suscrito al concluir una reunión de Ministros de Justicia e Interior del Mercosur y los Estados Asociados, por los titulares de esas carteras de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay (miembros plenos) y de Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia, en su calidad de países socios.
Los únicos dos países asociados que no suscribieron el acuerdo fueron Perú y Venezuela que, según fuentes oficiales, no enviaron representantes al encuentro ni explicaron la razón de su ausencia.
"Con este instrumento será posible reducir los tiempos de una extradición de los dos o tres años actuales a solamente dos o tres meses", dijo el ministro de Justicia de Brasil, Luiz Paulo Barreto, quien consideró que el acuerdo marca un "punto histórico" para la lucha contra el crimen organizado en la región.
En el acto de suscripción del acuerdo, Barreto indicó que uno de los objetivos fundamentales del Mandato de Captura es "reducir la inmensa burocracia" que caracteriza a los procesos de extradición y conformar "un verdadero espacio judicial integrado".
Según el ministro brasileño, también "se evitará que la ansiada libre circulación dentro de los países del bloque sea utilizada por la delincuencia internacional", que será "perseguida y castigada" mediante una mayor cooperación de las fuerzas policiales.
Barreto explicó que el acuerdo es similar al que existe en la Unión Europea (UE), que establece marcos comunes para la captura y rápida entrega de los delincuentes a la justicia de los países comunitarios que los solicitan.
En opinión del ministro brasileño, el Mandato de Captura hará más efectivo el combate a delitos trasnacionales, entre los que citó el tráfico de armas y drogas y el contrabando.
Para su entrada en vigor el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos de todos los Estados signatarios, a los que Barreto dijo que cada Gobierno les solicitará que discutan el asunto como "una verdadera prioridad" para la seguridad regional.