Piden ayuda a la CIDH para frenar las expulsiones ilegales de desplazados en Haití

En una audiencia del 140 periodo de sesiones de la CIDH, la directora del Disaster Response Law & Policy Center, Kathleen Bergin calificó la situación como de "emergencia", dado que unos 140.175 personas han sufrido amenazas de expulsiones desde marzo y 28.065 han sido desalojados forzosamente, de acuerdo con cifras del New York Times.

"Campamentos completos han sido destruidos por personas armadas y sin advertencia previa", denunció esta experta.

Cerca de 2,1 millones de personas fueron desplazadas de sus casas a causa del grave terremoto que azotó Puerto Príncipe y zonas aledañas el 12 de enero pasado, el cual causó 300.000 muertos.

El Estado haitiano no acudió a las audiencias.

Los haitianos se han refugiado en plazas públicas, en terrenos o en lugares abandonados, además de en campamentos.

Mario Joseph, de la Oficina de Abogados Internacionales, sostuvo que los damnificados "se encuentran en una situación casi de bestialidad".

Denunció la complicidad del Gobierno, de senadores, de jueces y de la Policía en las expulsiones, que se producen sobre todo por reclamos de "presuntos" propietarios de tierras que, sin embargo, no pueden presentar los títulos necesarios.

Según Nicole Philips, abogada del Institute for Justice and Democracy en Haití, probablemente menos del 5% de los terrenos han sido registrados oficialmente.

La población haitiana vive como "animales acosados por la amenaza de expulsión ilegal y brutal", aseguró por su parte Mario Joseph.

De acuerdo con este experto, se han registrado agresiones físicas, amenazas de muerte, acosos sexuales, violaciones de mujeres, violencia verbal, destrucciones de tiendas de campaña, de efectos personales y de viviendas ya inhabitables.

Las víctimas han denunciado los hechos, pero el Gobierno "no les presta la más mínima atención", a pesar de estar "muy al tanto de esta situación", y no respeta el artículo 22 de la Constitución que, entre otros, establece el derecho a una vivienda digna, indicó.

"El Estado es muy débil y es aún cómplice de esta situación. No hace nada para garantizar una vivienda digna a la población y se busca una política de usura para que abandonen los campamentos sin que el Estado asuma la responsabilidad", señaló Joseph.

En este contexto, pidieron al Gobierno del presidente René Préval una "moratoria" en las expulsiones y la verificación de los títulos de propiedad a los supuestos dueños de terrenos.

Por su parte, solicitaron a la CIDH que examine las violaciones en un viaje al país, constate la implicación de la Policía en los desalojos y pida a las ONGs y al Gobierno que tome las medidas necesarias para proteger a la población más vulnerable.

Las organizaciones presentarán la próxima semana una petición formal a la CIDH, que incluirá probablemente la solicitud de medidas para proteger la vida de los afectados.

Dinah Shelton, relatora de la CIDH para el país caribeño, afirmó que quisiera visitar Haití "en breve".

En otra audiencia, Jimena Demougin, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), indicó que en campamentos medianos y grandes hay una "promiscuidad insostenible", una gran inseguridad y vulnerabilidad de niños y mujeres ante abusos sexuales y una insalubridad preocupante.

Fito Lesperance, de la organización Réseau National de Défense des Droits Humains, al igual que los representantes de las otras organizaciones, pidieron a la comunidad internacional que entregue los 5.300 millones de dólares en donaciones que anunció para la reconstrucción en los próximos dos años.

También él y Demougin pidieron a la CIDH una visita, pero reclamaron, además, que los derechos humanos formen parte de la política de reconstrucción y que la Comisión acompañe este proceso.