En un comunicado, incide en que el Estado tiene "legitimidad para proteger y vigilar sus fronteras" pero en todo caso debe hacerse cumpliendo "con el respeto por los derechos fundamentales, la legislación nacional y europea y los tratados internacionales de los que España es parte, en particular la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados".
"Entre las personas que llegan a la frontera sur de Europa hay un número cada vez más elevado de personas que huyen de países en conflicto, como República Centroafricana, Siria o Sudán del Sur, entre otros, y se ven obligadas a arriesgar sus vidas ante la falta de posibilidades legales y seguras de acceder al territorio europeo y español", recuerda la institución.
Por eso, reitera la petición que viene haciendo al Gobierno en este sentido: debe facilitar el acceso al territorio y a los procedimientos de asilo para las personas que huyen de conflictos armados, persecución y violaciones de sus derechos fundamentales.
ACNUR, que en julio trasladó equipos a Ceuta y Melilla para colaborar en el reconocimiento de los posibles refugiados y la tramitación de sus solicitudes de asilo, explica que además, realizó varias misiones a Tarifa y Algeciras tras la llegada de más de 1.400 personas en embarcaciones que se produjo entre el 11 y el 12 de agosto.
En estas misiones, dice, pudo "comprobar de primera mano la solidaridad y hospitalidad de la población, así como la respuesta dada por las autoridades locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja Española y otros actores implicados en la acogida de las personas recién llegadas".
No obstante, recuerda que "los retos de proteger a los refugiados que viajan de forma irregular por mar en busca de seguridad, a menudo junto a personas que se desplazan por otros motivos, son complejos" y mantiene su "ofrecimiento de colaboración a las autoridades para abordar de una forma constructiva los retos que plantean" estos flujos mixtos y proponer mejoras en el sistema.