El repentino cese del ayuno, mediante el que los reclusos buscaban beneficios penales, suscitó un aluvión de versiones contradictorias que tratan de explicar el cambio de actitud de los nueve presidiarios.
Los allegados a los represores, presos en la cárcel de Punta Peuco, al norte de Santiago, señalaron que el ayuno concluyó a raíz de las conversaciones sostenidas con representantes de la Gendarmería y del Ministerio de Justicia, en las que estos últimos se comprometieron a estudiar algunas de las demandas.
Sin embargo, según indicaron a Efe fuentes que pidieron el anonimato, el cambio de actitud obedeció a una intervención directa de un alto mando del Ejército.
Según esas fuentes, el general Marcos López, jefe de la Guarnición Militar de Santiago, se comunicó telefónicamente con la cárcel y habló con el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, el oficial de más alto grado entre los protagonistas de la huelga de hambre.
De lo que se dijo en esa conversación nada se sabe, pero tras la misma se anunció el término de la huelga de hambre, que según la Gendarmería (policía de prisiones) no tuvo ninguna expresión concreta.
Esa institución aseguró en un comunicado que nunca fueron informados de la decisión de ayunar de los nueve represores, quienes incluso, añadió, desayunaron este martes.
En una proclama enviada a medios de prensa, los violadores de derechos humanos se declararon "presos políticos militares" y anunciaron su huelga de hambre "irrenunciable e inquebrantable", como medio de presión para demandar varias condiciones.
Los represores exigían la "inmediata libertad de todos los suboficiales y empleados civiles presos" y que a todos los condenados se les aplique una pena única y máxima de diez años de prisión.
Con el ayuno buscaban alcanzar la "igualdad respecto de 282 presos políticos cuyas penas fueron conmutadas durante los Gobiernos de los ex presidentes Patricio Aylwin (1990-1994) y Ricardo Lagos (2000-2006)".
En ese período se conmutaron penas a presos pertenecientes a grupos que combatieron contra la dictadura de Augusto Pinochet, lo que a juicio de los represores supone una "notoria y evidente desigualdad".
También denunciaron una "injusta segregación contra los presos políticos militares", al estar al margen de beneficios como la libertad condicional, "pese a que reúnen los requisitos para ello".
Además, los militares admitieron, por primera vez de forma pública y explícita, su responsabilidad y autoría en crímenes contra los derechos humanos.
"Cometimos delitos contra la seguridad de las personas (más conocidos como violaciones a los derechos humanos) en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990", reconocieron.
El ayuno de los represores, aunque fue efímero, provocó diversas reacciones entre la sociedad chilena.
"Es increíble que los militares, que han tenido un debido y justo proceso, pretendan compararse con la situación que viven estos 34 jóvenes (los presos mapuches), que están pidiendo tener lo que tuvieron estos militares: un juicio justo", dijo el diputado Tucapel Jiménez, hijo de un sindicalista del mismo nombre asesinado por la dictadura en 1982.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, consideró que lo ocurrido "es casi un insulto" y estimó que "lo más peligroso es que (estos militares) nunca han mostrado una cuota de arrepentimiento".
El general retirado Rafael Villarroel, ex segundo de Pinochet en el Ejército, consideró en tanto la situación, "tan humana como la que tienen los mapuches" y exhortó al presidente Sebastián Piñera, a "demostrar que es presidente de todos los chilenos, sin excepción".
Recordó que cuando era candidato a la Presidencia, en una reunión con militares retirados, Piñera prometió "Justicia igual para todos" si ganaba las elecciones.
Para el presidente del Senado, el democristiano Jorge Pizarro, la decisión de los represores era "una pasada de cuenta" al presidente Piñera, que cuando era candidato "les prometió que los iba a sacar de las cárceles".
Según el senador derechista Alberto Espina, "así como hay crímenes muy graves cometidos por los comuneros mapuches, las personas que están en Punta Peuco están condenadas por crímenes de violaciones a los derechos humanos horrorosos".
Los nueve represores estaban encabezados por el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado por el homicidio del general Carlos Prats, ex jefe del Ejército, y de su esposa, cometido en Buenos Aires en septiembre de 1974.
Completan el grupo los ex brigadieres Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike, el coronel Juan Morales Salgado, el teniente coronel Emilio Neira Donoso, el ex capitán Jorge Vargas Bories, el ex mayor Carlos Herrera Jiménez y el teniente de la Marina Sergio Rivera.