Desarticulado un grupo criminal dedicado al cobro de deudas en Huelva, Sevilla y Cádiz

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a ocho personas residentes en la localidad onubense de Almonte, en la gaditana de Sanlúcar de Barrameda y en las sevillanas de Benacazón, Espartinas, Arahal y Sevilla capital como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal, secuestro, lesiones graves, delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y robo con fuerza para dedicarse al cobro de deudas.

Según relatan en un comunicado conjunto, las investigaciones se iniciaron en abril, cuando tuvieron conocimiento de que varias personas habían sido testigos del posible secuestro de un hombre en la localidad sevillana de Gelves, al observar cómo unos individuos introducían a otro a punta de pistola en el interior de un vehículo.

Las primeras averiguaciones confirmaron que dos personas, esgrimiendo posiblemente un arma de fuego, se habían acercado a un hombre que se encontraba en una calle y, a la fuerza, lo habían introducido en un vehículo, marchándose después del lugar apresuradamente.

Estos hechos fueron denunciados posteriormente por la víctima, que corroboraba los extremos aportados por los testigos. La persona supuestamente secuestrada narraba a los agentes que, una vez en el interior del vehículo, fue despojado de todos los medios electrónicos que pudieran aportar datos de localización sobre el lugar donde era trasladado, tapándole el rostro con algún tipo de trapo y engrilletándolo.

Durante cuatro horas y media estuvo retenido en una finca de Benacazón, recibiendo todo tipo de amenazas y agresiones físicas mientras le reclamaban la suma de 90 000 euros para su liberación. Llegaron a hacerle firmar varios documentos sin poder verlos, y no fue liberado hasta que se comprometió a entregar dos vehículos como garantía de pago, junto a las escrituras de una vivienda.

Durante la investigación continuó siendo extorsionado por este grupo criminal, del que la cara visible era un ultra de un equipo de fútbol, condenado en 2019 por agredir a un aficionado de un equipo rival. Tras varios días de estrechas vigilancias sobre el cabecilla del grupo de extorsionadores y su entorno, así como del exhaustivo análisis de todos los datos recabados, se consiguió establecer la estructura del grupo criminal.

Un empresario del sector de la construcción de la provincia de Sevilla fue quien contrató a este sujeto como escolta personal y lugarteniente, dentro de una red dedicada al cobro de deudas mediante actos violentos, no dudando en recurrir a las agresiones físicas y a los secuestros en los casos más extremos. Incluso, utilizó a su pareja sentimental como gancho a la hora de elaborar las extorsiones, siendo ella la que concretó la cita con la víctima del secuestro investigado con la excusa de adquirir un vehículo que este poseía y que había puesto a la venta en una web de anuncios.

Este grupo estaba formado, en su mayor parte, por personas vinculadas al mundo del culturismo y del deporte de contacto, con amplios antecedentes policiales.

Durante las investigaciones, los agentes consiguieron detectar otra extorsión a un abogado sevillano, al que le llegaron a exigir la cantidad de 79 000 euros por una supuesta deuda contraída con el empresario jefe del grupo. También descubrieron una agresión a otro empresario hostelero de la zona del Aljarafe, a quien amenazaron de muerte junto a su familia.

Finalmente, una vez establecidas todas las conexiones entre los miembros del grupo investigado y recabados indicios suficientes sobre su participación en los diferentes hechos ilícitos, los agentes realizaron cinco entradas y registros, autorizados por el Juzgado de Instrucción de Sevilla que entiende de las investigaciones, dos de ellas en la localidad de Espartinas, una en la de Benacazón, otra en Arahal y una quinta en Sevilla capital.

Durante la fase de explotación se procedió a la detención de un total de siete personas residentes en las localidades de Benacazón, Espartinas, Sevilla, Arahal y Almonte. Entre ellos se encontraba el hijo del propietario de la finca a la que trasladaron al secuestrado para su extorsión y que fue ubicada gracias al trabajo de análisis y la estrecha colaboración entre los cuerpos policiales.

Además, se intervinieron dos vídeos grabados durante el secuestro por el propio ultra, jactándose de los "trabajos" realizados entre sus conocidos.

Durante los registros se les intervino una pistola de nueve milímetros con el número de serie borrado y en perfectas condiciones de funcionamiento, una pistola simulada, dos carabinas y una pistola de aire comprimido, una defensa extensible, un bate de béisbol, un vehículo de alta gama que previamente había tenido que entregar la víctima como adelanto del pago requerido y que los investigados pretendían vender, diverso material informático, teléfonos móviles, tarjetas telefónicas de interés para las investigaciones y varias nóminas falsificadas que uno de los miembros del grupo utilizaba para adquirir productos de crédito y el alquiler de la vivienda en la que residía.

Ante las extremas medidas de seguridad que adoptaba en su vida diaria el jefe del grupo ejecutor de las extorsiones, al saberse objetivo permanente de las fuerzas de seguridad y otros grupos rivales, se organizó un amplio despliegue policial. Tras cuatro días de indagaciones, fue detenido cuando se encontraba escondido y custodiado en un piso okupa en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.

Los agentes desarticularon así en su totalidad al grupo criminal, deteniendo a sus ocho integrantes por varios delitos, entre los que se encuentran lesiones, secuestro y extorsión, siendo puestos a disposición judicial y decretándose prisión provisional para el jefe del grupo ejecutor de las extorsiones.