Según ha apuntado la entidad en un comunicado, "con esta medida se pueden poner en peligro vidas humanas. Este decreto puede contribuir a hacer más vulnerable a unos colectivos que, en muchos casos, viven ya en situaciones de graves carencias sociales".
De esta forma, Cáritas Diocesana de Valencia se une a la Comisión Permanente de Cáritas Española, para indicar que la reforma "supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas", tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios --al modificar los requisitos para obtener autorización de residencia)-- y los extracomunitarios en situación irregular, al tiempo que sostiene que aumenta la "estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social".
Entre estos últimos, ha citado a jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad o enfermos de entornos rurales. Cáritas ha incidido en que todos los seres humanos "tienen la misma dignidad, y toda vida humana tiene el mismo valor, por lo que no puede privarse del derecho a la atención médica a ningún ser humano, ni siquiera ante la necesidad de reducir el déficit público".
En el comunicado se advierte de que con medidas como las del decreto ley "se pueden poner en peligro vidas humanas" y la norma "puede contribuir a hacer más vulnerable a unos colectivos que, en muchos casos, viven ya en situaciones de graves carencias sociales".
De esta forma, Cáritas Diocesana de Valencia se une a otras instancias de la Confederación Cáritas Española, a Cáritas Europa y a otras 34 organizaciones que en las últimas semanas han manifestado su "preocupación" por la "posible vulneración del derecho a
la asistencia sanitaria, que podría derivarse de la aplicación de este decreto".