El CERMI, que representa a más de 4 millones de personas con discapacidad y sus familia, se ha mostrado muy crítico con el nuevo impuesto, al que ha calificado de "devastadora amenaza" y "enorme retroceso". Según el proyecto aprobado por el Gobierno, a partir del 1 de enero de 2013, el Estado recaudará el 20 por ciento de los premios de más de 2.500 euros de los juegos comercializados por la ONCE, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Cruz Roja, que han estado históricamente exentos.
Igualmente, el CERMI ha asegurado que la ONCE ha puesto en su conocimiento "la extrema gravedad de esta medida, que puede traer como consecuencia el desmoronamiento de su actual modelo social y de solidaridad con el sector de la discapacidad".
"Queremos salir al paso de la afirmación contenida en la Memoria del Proyecto de Ley que afirma, sin aportar ningún argumento, que estas medidas no afectarán a la discapacidad. Muy por el contrario, con la información de la que disponemos, somos conscientes del gravísimo daño que se puede ocasionar al sector de las personas con discapacidad y sus familias, respecto del que la ONCE viene jugando históricamente un papel de referente dinamizador de un altísimo e insustituible valor", ha señalado la organización.
En este sentido, ha recordado que la ONCE y su Fundación son de "los pocos agentes socio-económicos que mantienen sus niveles de inversión en acción social", mientras que los programas sociales para la discapacidad y otras personas en riesgo de exclusión están "desapareciendo o reduciéndose a la mínima expresión por recortes en los presupuestos sociales de las Administraciones Públicas, de las obras sociales de las Cajas de Ahorro, que han desaparecido y en la inversión social de muchas empresas".
"Es este gran esfuerzo de ayuda social y solidaridad de la ONCE lo que se puede venir abajo con esta medida, provocando una espiral de deterioro que arrastrará al conjunto de las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias a una situación, ya vivida y que creíamos superada, de precariedad y falta de recursos", ha avisado el CERMI.
Por todo ello, el CERMI solicita al Gobierno y al Parlamento, en el que se debatirá ahora el nuevo tributo, que promueva "soluciones que libren o atenúen el perjuicio sobre la viabilidad económica" de la ONCE, así como acciones complementarias que, en su conjunto, "garanticen la continuidad institucional, la estabilidad económica y el mantenimiento de los programas de solidaridad de la ONCE y su Fundación con las personas con discapacidad y sus familias".