En dicha queja, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Defensoría explica que en los últimos tiempos ha recibido algunas quejas de padres o familiares de niños con discapacidad, en concreto menores afectados por un trastorno del espectro autista, sobre las facturaciones que les vienen realizando los centros en los que sus hijos reciben tratamiento de atención temprana, a pesar de que los mismos vienen subvencionados por la Administración Sanitaria, sin perjuicio de que puedan recibir otras subvenciones.
Desde las Delegaciones Territoriales de Salud y Bienestar Social, la Institución apunta que se le ha explicado que los centros que están prestando servicios a los menores "reciben subvenciones por dicho concepto", al tiempo que se señala que "también existen convenios con Ayuntamientos para esta finalidad, en los que dichos servicios son absolutamente gratuitos". Además, se refieren a que las facturaciones aludidas "pueden obedecer a las cuotas que las entidades de naturaleza privada solicitan a sus asociados, por el simple hecho de pertenecer a las mismas".
Sin embargo, señala la Institución en el texto de esta queja, "hemos podido comprobar las liquidaciones de gastos a los usuarios de los centros privados subvencionados, no se reducen a la cuantía que pudiera corresponder a la cuota de asociado, sino que se extienden a la remuneración de la prestación de distintos servicios (logopedia, rehabilitación) e incluso a la elaboración del diagnóstico".
Por tanto, a la Oficina le gustaría saber "qué servicios o prestaciones resultan sufragados en su coste por las subvenciones que reciben estos centros, y cuáles pueden exceder de los mismos, y en su caso ser objeto de liquidación por parte de dichas entidades", para lo cual, continúa, "resulta indispensable conocer quién determina el contenido del tratamiento, si se realiza en el seno del propio Centro de Atención e Intervención Temprana (CAIT) o con carácter previo a la derivación al mismo, y si se deja constancia de alguna manera de los módulos temporales reconocidos a cada usuario, que resulten indicativos de la prestación debida".
Por otro lado, quiere conocer "hasta qué punto esta situación resulta exclusiva de los centros privados subvencionados, o si también se da en los conveniados y concertados, así como qué diferencias de contenido en la prestación se vislumbran entre unos y otros". En este sentido, precisa que "es importante tener en cuenta que la distribución de los CAIT en los distintos territorios provinciales no es homogénea, y que en muchas localidades no resultan accesibles los centros públicos, puesto que no existe convenio con el Ayuntamiento".
En definitiva, la Defensoría afirma que "se está planteando la posibilidad de que existan desigualdades en cuanto al contenido de la prestación de atención temprana en función de la naturaleza del centro, y sobre todo en cuanto a la financiación de aquella, en la medida en que los usuarios se ven obligados a participar en su coste, más allá de lo que supone la mera cuota de asociado". Por otro lado, quiere cuestionarle sobre la eventual obligatoriedad de exigencia de esta última por parte de dichas entidades, "teniendo en cuenta que el acceso a un centro u otro de distinta naturaleza no depende habitualmente de la voluntad del usuario, sino de la ubicación de los recursos", señala.
En todo caso, concluye la queja, "nos interesa conocer si por parte de la inspección de servicios sanitarios se ha llevado a cabo alguna actuación para con los CAITs que tenga en cuenta los aspectos que estamos poniendo de manifiesto, y en su caso los resultados que haya ofrecido, o bien si existe alguna previsión a este respecto".