El Departamento de Estado de EEUU ha amenazado a los líderes de Hamás en la Franja de Gaza con cancelar más de 100 millones de dólares de ayuda económica a la región si la organización islamista no abandona sus planes de auditar a todas las ONG financiadas por Washington que operan allí.
La advertencia ha sido formulada a través de un intermediario porque no hay ningún tipo de contacto bilateral al considerar EEUU a Hamás una organización terrorista, y tiene lugar después de que el movimiento islamista paralizara el funcionamiento de la ONG de los Cuerpos Médicos Internacionales al negarse a enseñar sus libros de contabilidad a los auditores del movimiento.
Esta auditoría se añade a una larga serie de obligaciones que las ONG que operan en Gaza se han visto obligadas a contraer con Hamás desde principios de año, cuando la organización proclamó que todas los colectivos de voluntariado tenían que registrarse de manera oficial, pagar un canon mensual y enviar informes de su situación financiera a las autoridades islamistas.
Casi todas las organizaciones aceptaron con reticencias las condiciones impuestas por Hamás, que mantiene que "cualquier organización que desee operar en los territorios palestinos debe respetar la ley", según su portavoz Taher al Nounou al diario estadounidense 'The New York Times', quien entiende que "estas organizaciones (las ONG) ni reconocen ni quieren reconocer la ley palestina".
Estados Unidos, por su parte, asegura que Hamás no ha concretado los motivos de su último dictado. Dado además que muchas ONG remiten sus auditorías al Gobierno palestino reconocido en Cisjordania, se sospecha que Hamás quiere redestinar el caudal de dinero que reciben las organizaciones humanitarias para pagar a sus propios funcionarios, o, en el peor de los casos, para financiar operaciones de seguridad.
Por ello, el Gobierno de Noruega hizo saber el pasado mes de julio a las autoridades de Hamás que la única autoridad palestina competente para supervisar las actividades de una ONG es el Ministerio del Interior de la Autoridad Palestina en Ramala (Cisjordania)" y que cualquier intento de la organización islamista de supervisar la actividad económica de los colectivos humanitarios sería respondido con la suspensión de los programas de ayuda.