Tras el ataque, un hombre vestido de civil se acercó al joven y le agredió a patadas en repetidas ocasiones, mientras las fuerzas de seguridad miraban el suceso. Una vez se retiraron, un familiar de Al Haddad pudo acercarse a recoger al joven, que perdió la consciencia inmediatamente después.
El Ministerio de Interior del país ha emitido un comunicado en el que ha confirmado la muerte del adolescente, aunque ha señalado que Al Haddad "era un terrorista" y que las fuerzas de seguridad se defendieron después de que éste lanzara un cóctel molotov contra un vehículo patrulla.
El BCHR ha apuntado que el Gobierno del país "ha cometido muchos crímenes contra los niños en el último año" y ha recordado que "al menos nueve niños han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad a causa de impactos directos de bala o por el uso excesivo de gases lacrimógenos".
Asimismo, ha manifestado que, a pesar de las promesas del Ministerio de Interior de investigar los incidentes, los casos no han sido tratados y nadie ha sido declarado culpable de dichas muertes. Por ello, ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos y otros países que tienen influencia sobre Manama --especialmente a Reino Unido y la Unión Europea-- que tomen las medidas necesarias para que se ponga fin a la violación de Derechos Humanos en el país y que pongan fin a la venta de armas al Ejecutivo bahreiní.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante el último año las protestas pro democráticas en el territorio. Manama ha impuesto la ley marcial y ha pedido la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
En las últimas semanas, las autoridades del país han negado el permiso a decenas de peticiones de manifestación presentadas por el partido Wefaq. En todos los casos han alegado motivos de seguridad y han hecho referencia a la ley sobre asambleas y manifestaciones para justificar su decisión. Asimismo, el Gobierno ha argumentado en varias ocasiones que ya había dado permiso a numerosas manifestaciones durante este año, por lo que no veía motivos para seguir autorizándolas.