El conflicto comenzó con una acera cuya ampliación, prevista por el ayuntamiento, obligaba a derribar la casa donde vive una familia desde hace más de 50 años. Los afectados, unos ancianos y sus dos hijas con sus respectivas familias, llevan más de diez años intentando proteger su vivienda pero los tribunales no les han dado la razón. Aseguran que las ofertas que les han llegado desde el ayuntamiento son insuficientes para compensar la pérdida de una vivienda en propiedad, legítima, sin cargas ni deudas. Señalan que desde el consistorio solo les han planteado la posibilidad de solicitar una vivienda en régimen de alquiler pero fuentes municipales señalan que se les ha ofrecido más de 300.000 euros y diferentes alternativas residenciales.
El consistorio señala que la vivienda está incluida en un plan integral de modernización del barrio iniciado hace una década, que se han ofrecido alternativas a los propietarios del inmueble y que otras 19 familias como esta han sido expropiadas en las mismas condiciones que se han planteado a estos afectados.