En su informe, la fiscal ha expuesto que las pruebas presentadas durante el juicio acreditan que el soldado profesional Estébanez actuó contra Palomino por "discriminación ideológica", a juzgar por su vestimenta, y las expresiones que profirió.
Según ha explicado, esto queda probado por algunos datos proporcionados por varios testigos. Estos declararon que el acusado vestía una sudadera "propia de los neonazis de Madrid", que realizó el saludo fascista y que se dirigió a los jóvenes con el apelativo de "guarros" (que es como los miembros de grupos de extrema derecha se refieren a los antifascistas).
La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, pide 37 años cárcel, al imputar a Estébanez también los delitos de tenencia ilícita de armas y de amenazas.
Miedo insuperable
Por su parte, la defensa del acusado solicita su libre absolución y, subsidiariamente, una pena de nueve meses de cárcel (que no cumpliría al llevar casi dos años en prisión preventiva)
Alegan que los hechos tuvieron lugar en circunstancias de legítima defensa, miedo insuperable y estado de necesidad.
Estos argumentos se basan en el relato de los hechos realizado por el acusado, que en la primera sesión del juicio afirmó que cuando el grupo de jóvenes entró en el vagón en el que se encontraba, se sintió "acorralado" y "amenazado" y actuó "para defender su vida".
Las cámaras aclaran lo sucedido
La fiscal ha rebatido estas posibles eximentes subrayando que la actitud de Estébanez que se ve en las grabaciones de seguridad del metro es "incompatible con un estado de miedo", ya que el vídeo muestra que preparó el arma, que se colocó frente a la puerta y que no pidió ayuda ni trató de escapar.
En cuanto a la petición de que se considere que Estébanez actuó en legítima defensa, la fiscal ha sostenido que no puede aplicarse puesto que no existió una agresión previa. RSO