"Que promuevan la toma de conciencia social necesaria para identificar los riesgos que implica y conocer sus consecuencias, impulsen las acciones preventivas necesarias para su erradicación y desarrollen actuaciones para asegurar el apoyo y protección efectiva a quienes la sufren, dentro y fuera de las fronteras de España", dice la declaración, que se aprueba con motivo de la conmemoración, el 6 de febrero, del Día Internacional por la erradicación de esta práctica.
El texto, leído por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al término de la reunión, recuerda que los últimos estudios disponibles estiman que en España hay 17.000 niñas y jóvenes en riesgo de sufrir esta agresión "reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos" que ataca "los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida".
Frente a ello, "el Gobierno de España declara su firme compromiso y determinación de contribuir a eliminar la mutilación genital femenina y apoyar a quienes la sufren, en España y en el mundo", conforme dice la declaración, para recordar que en la Unión Europea, y según datos del Parlamento Europeo, "más de quinientas mil mujeres y niñas la han sufrido".
Asimismo, el texto destaca las medidas adoptadas para luchar contra esta práctica, como la Ley de protección a la infancia de 2015, que incluye la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la mutilación genital femenina, el "Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar" de junio de 2014 y el posterior (2015) "Protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en el Sistema Nacional de Salud" como herramientas para detección, intervención y persecución.
También pone en valor las "acciones formativas y de sensibilización" así como las "herramientas específicas para la efectiva la prevención del problema y la adecuada atención a quienes la sufren" desarrolladas por las comunidades autónomas, aunque incide en que "es necesario continuar trabajando".
"Las Administraciones públicas tienen que intensificar la colaboración con la sociedad civil y las asociaciones especializadas, quienes, desde una perspectiva intercultural y cooperativa, realizan un inestimable labor para prevenir su práctica, para garantizar la recuperación y protección de las mujeres y niñas a quienes se les ha practicado o están en riesgo de que se les practique, y para facilitar la formación a profesionales socio-sanitarios, trabajadores en materia de asilo y migración y profesionales del ámbito jurídico, policial y educativo", añade el texto del Ejecutivo.