Según han explicado a Europa Press fuentes del Gobierno, la modificación pretende regular la actividad registral de la Administración hidráulica y establecer los criterios técnicos de valoración de los daños al dominio público hidráulico en desarrollo de la legislación sobre infracciones y sanciones en materia de aguas.
Entre los objetivos del Real Decreto figura la reordenación de la organización y funcionamiento del Registro de Aguas, homogeneizando y actualizando su contenido, adaptándolo a los nuevos avances tecnológicos, etcétera.
Además, aspira a dotar de efectividad a la Base Central del Agua, para conocer y difundir los usos del agua en toda España y desarrollar los criterios que deben aplicarse para valorar el daño en el dominio público-hidráulico por los hechos que pudieran ser constitutivas de infracción en materia de aguas.
Por último, tiene como objetivo aumentar la eficacia de la administración favoreciendo la simplificación de los procedimientos y evitando cargas administrativas.