Con esta cuarta acción de protesta de Greenpeace en el hotel, el grupo ecologista quiere denunciar la actitud del Ministerio de Medio Ambiente que "ha dejado de lado la legalidad y sigue permitiendo que el hotel continúe en pie a pesar de los doce pronunciamientos judiciales en su contra".
Una hora después de su llegada, los activistas han empezado a colocar la enorme tela sobre la parte baja del edificio de veinte plantas y 411 habitaciones, pese a que un guardia de seguridad ha tratado de quitarles el material en el que, por el momento, es el único incidente que se ha registrado en la zona desde el inicio de esta protesta. Los activistas de Greenpece permanecerán en el paraje del Algarrobico hasta que logren cubrir por completo con la tela verde el edificio, momento en el que está previsto que abandonen esta zona del parque natural que se encuentra en el municipio almeriense de Carboneras.
"A pesar de todas las sentencias sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico, el Ministerio que se supone debe defender el Medio Ambiente ha decidido paralizar la recuperación de los 100 primeros metros de playa" ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, desde la playa de El Algarrobico. "Espinosa no está cumpliendo su mandato constitucional", ha añadido.
Según la ONG, tras la sentencia del pasado mes de septiembre, por la que el Juzgado número 2 de Almería declaraba nula la licencia de obras del hotel, el Ministerio de Medio Ambiente encargó un informe a la Abogacía del Estado para analizar cómo afectaba la sentencia al proceso de expropiación. El resultado final es "un informe al que Greenpeace ha tenido acceso en el que, sin ningún argumento jurídico de peso, se aboga por abandonar el proceso de expropiación", señalan desde la organización ecologista.
La organización señala que hace dos semanas mostró su rechazo a estas conclusiones de la Abogacía, y ha hecho llegar un escrito sobre sus consideraciones al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; a la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa y a la Directora General de Costas, Alicia Paz. La organización ecologista considera que todos ellos tienen la obligación por mandato constitucional de actuar en defensa del litoral y por ello han de mantener una política activa y liderar el proceso de demolición. De momento, Greenpeace sólo ha recibido el silencio como respuesta.