Según ha explicado el ministro durante una visita a la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida, la operación se ha desarrollado en seis comunidades --Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, País Vasco y Navarra-- y es la mayor desarrollada por la Policía en España contra el blanqueo de capitales vinculado a la explotación sexual de mujeres.
"Ustedes saben que en el Ministerio del Interior tenemos un principio, que es que con la trata de seres humanos no hay trato y en este contexto se desarrolla esta operación", ha recalcado.
Coordinada por la Audiencia Nacional, la operación que sigue abierta y bajo secreto de sumario; en ella participan la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo.
"Se estima que el pago por los servicios correspondientes se efectúa al parecer a través de tarjetas de crédito blanqueando ese servicio atribuyéndolo a otros servicios que no serían los correspondientes a esas prestaciones sexuales", ha explicado.
Según el ministro del Interior, se trata de una modalidad nueva desde el punto de vista de lo que se conocía y ha recalcado que en todo caso lo que se está persiguiendo es fundamentalmente ese fraude fiscal que puede superar los 150 millones de euros.