El joven, que fue expulsado hace dos mes del centro de menores donde se hospedaba, murió ayer ahogado en la playa de la Barceloneta.
El Departamento de Acción Social de la Generalitat ha puntualizado a EFE que el expediente de desamparo del joven, cuya muerte ha lamentado, estaba cerrado a petición de la Fiscalía de Menores desde el 14 de mayo, ya que este se había negado a hacerse las pruebas médicas para determinar su edad, y esto se interpreta como un reconocimiento de que se es adulto.
El fallecido había estado bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat durante tres meses porque disponía de un pasaporte que indicaba que tenía 17 años y en consecuencia se consideraba que era un menor en situación de desamparo.
Fuentes del departamento han explicado que cuando uno de estos jóvenes se niega a hacerse las pruebas médicas para determinar su edad, se entiende que el joven es mayor de edad y Fiscalía pide el cierre del expediente de desamparo.
En este caso concreto, según Acción Social, la hipótesis de la mayoría de edad del joven fallecido viene avalada porque en la vista oral del recurso contra la resolución de la DGAIA, celebrada el pasado 6 de julio, la juez volvió a pedirle que se hiciera las pruebas y no lo derivó de forma preventiva a la DGAIA hasta que dictase resolución.
Al cerrarse el expediente, el joven dejó de estar bajo la tutela de la DGAIA y tuvo que abandonar el centro de menores El Bosc, de Barcelona, donde residía, y recurrir a los servicios sociales de atención a adultos, que dependen del Ayuntamiento de Barcelona.
Según ha informado hoy a Efe el abogado del fallecido, Albert Parés, el joven se negó a someterse a las pruebas medicas porque "disponía de pasaporte en regla y no estaba obligado a someterse a una prueba que tiene una alto margen de error".
El abogado del menor ha anunciado hoy que pedirá responsabilidades a la Generalitat por haber permitido que el joven estuviera en la calle sin la supervisión de ningún adulto y solicitará que se haga cargo "del elevado coste económico de la repatriación del cuerpo".