Hace un año un indigente polaco falleció en el albergue municipal sevillano. Habían pasado sólo 14 horas cuando salió del hospital sin tratamiento y con un diagnóstico muy claro: problemática social, según su parte de alta. Para su abogado, Luis de Santos, se cometió un delito porque, según el informe del forense, la delgadez severa que tenía era razón suficiente para dejarlo ingresado atendiendo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. El sindicato médico de Sevilla exige una responsabilidad por encima de los médicos que atendieron al indigente. Argumentan que su actuación fue correcta si se observan los medios que tienen. La juez que instruye el caso ha citado en octubre a declarar a 3 médicos.