Recientemente, la titularidad del colegio 'Albaydar' de Sevilla, ente afectado y recurrente contra la decisión, ha presentado recurso de súplica contra la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechaza las medidas cautelares solicitadas para suspender la orden de la administración, según señaló a Europa Press la portavoz de la plataforma, Gemma García.
Este recurso también ha sido presentado por las otras entidades que ya cuentan con resoluciones similares del Alto Tribunal respecto de sus pretensiones, como son los colegios adscritos a las Hermanas de la Cruz, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio 'Ribamar' y las Escuelas Familiares Agrarias (EFA) 'Elcható' de Brenes (Sevilla), 'El Molino Azul' de Lora del Río (Sevilla), 'Yucatal' de Posadas (Córdoba), y 'Torrealba' de Almodóvar del Río (Córdoba).
García recuerda que a este tipo de colegios acuden alumnos de "diferentes sectores sociales" y tienen una gran demanda. Asimismo, ha declarado que "sólo quieren que se respete su libertad" y que se oiga la "voz" de los padres, que piden a la administración pública andaluza que garantice y defienda el derecho a decidir, "tal como se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española". Con la retirada de los conciertos "se impedirá que miles de alumnos puedan acceder a estos colegios, convirtiendo la educación en elitista", asegura.
Así, los padres de alumnos bajo este modelo se han negado a que la Junta "decida" por ellos y han expresado que la enseñanza concertada en Andalucía está "alterada", y la concertada diferenciada, "maltratada y discriminada, porque la voluntad del gobierno andaluz es imponer su único modelo y no está dispuesto a reconocer la constitucionalidad y legalidad de la educación diferenciada, y menos todavía el derecho de los padres de poder elegir el tipo de educación que desean".
Asimismo, García ha incidido en que la educación diferenciada "tiene perfecta cabida en nuestro ordenamiento jurídico, es legal y no discriminatoria". Por otro lado, el colectivo sabe que la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) podría "zanjar" este asunto, "pero con la organización del curso 2013/2014, tal como se ha planteado en estos centros, ya se han empezado a producir daños irreparables, debido a que hay padres que tienen que buscar otro centros porque no puedan matricular a sus hijos en los que hasta ahora han sido de educación diferenciada y no pueden matricularlos bien porque los niveles de entrada ya no están concertados".
La plataforma tiene una reivindicación concreta que se basa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que ha reconocido el derecho de los centros de educación diferenciada a la financiación con fondos públicos. De igual modo, han pedido que desde el Ministerio de Educación "se tomen las medidas oportunas a fin de instar a la consejera al cumplimiento de la Ley de Presupuestos", ha afirmado García.
Por su parte, el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, ha indicado que "no hay duda de que la educación diferenciada es un modelo pedagógico perfectamente legal implantado en numerosos países; eliminarlo arbitrariamente es una agresión a la libertad de los padres a decidir qué educación quieren para sus hijos.