{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El PSOE y Unidas Podemos se han dividido este martes en el Congreso ante la proposición de ley de PP y Ciudadanos para ampliar la prisión permanente revisable para los casos de asesinos reincidentes y para quienes oculten el cadáver de las víctimas. Los socialistas se han mostrado a favor de tramitarla, aunque con intención de presentar enmiendas y cambiarla, mientras que el grupo confederal ha descalificado la medida al considerarla "populismo punitivo".
Esta reforma, que lleva también la firma de Coalición Canaria, Foro Asturias y los dos diputados expulsados de UPN, llega al Congreso impulsada por Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven desaparecida hace más de dos años en un municipio valenciano y cuyo asesino confesó el delito, pero no se han podido localizar sus restos. También la apoyan las familias de Diana Quer y Marta del Castillo.
En concreto, la propuesta modifica el artículo 140 del Código Penal, ampliando la prisión permanente revisable al reo que "hubiere hecho desaparecer el cadáver de la víctima o no diere razón de su paradero", o cuando "el autor hubiere sido condenado con anterioridad como reo de delito de asesinato".
El diputado socialista Francisco Aranda ha asegurado que votará a favor de tramitar la iniciativa para que se "haga lo correcto", pero ya ha avanzado que el PSOE presentará una batería de modificaciones para conseguir "un texto más adecuado". A su juicio, los firmantes confunden "más penas con más justicia" y tratan de "buscar protagonismo" con esta proposición de ley. De hecho, ha preguntado al PP por qué no acometió esta reforma en 2015, cuando contaba con mayoría parlamentaria.
Aranda ha recordado que, si se busca "proteger a los familiares y allegados por el sufrimiento que puede causarle la ocultación de cadáver", el PSOE aceptaría una reforma legal sobre delitos ya existentes en el Código Penal, como la lesiones psicológicas o el delito contra la integridad moral. "Pero su solución --la de agravar la pena de asesinato en la prisión permanente revisable-- no es la más adecuada", ha defendido para después criticar que se incluya solo en el supuesto de asesinato y no en el de homicidio.
Al igual que el PSOE, también el PDeCAT votará a favor con la intención de mejorar la iniciativa, pero no garantiza el apoyo al final de la tramitación parlamentaria. Su portavoz, Genis Boadella, ha pedido que se facilite un debate técnico, alejado de la "legislación en caliente".
Por Unidas Podemos, Ismael Cortés se ha mostrado en contra de su socio de Gobierno y de la iniciativa de PP y Ciudadanos al considerar que forma parte del "populismo punitivo" de la derecha, que en su opinión "no salva vidas" ya que no es una herramienta útil para evitar estos crímenes. Según Cortés, la mejor fórmula es la de las políticas públicas de igualdad y protección, así como el modelo de reinserción, y ha avisado de que no van a permitir que "se capitalice el dolor de las víctimas".
El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, ha mostrado también su oposición a la iniciativa al recordar que su formación ya se opuso en 2015 a la pena de la prisión permanente revisable y hoy siguen vigentes las razones para estar en contra, en especial ante la intención de los proponentes de extender la pena a otros dos nuevos supuestos.
Legarda ha insistido en que el debate que corresponde es el de política criminal sobre si la prisión permanente revisable es idónea o proporcional. Y el PNV mantiene su postura de que no es la pena adecuada: "No es una buena ley, no hace de nuestra sociedad una sociedad mejor", ha dicho.
Por su parte, el diputado de Junts Josep Pagès ha acusado a los firmantes de hacer una explotación demagógica y les ha reprochado que la "única justificación" para ampliar la prisión permanente sea que la sociedad está a favor de este tipo de medidas. "Política penal en base a estudios demoscópicos", ha dicho.
También ha criticado la posición del PSOE acusándole de "comprar" el discurso de la derecha. "Aquí la cuestión no es ampliar o no ampliar, sino derogarla o no derogarla. Comprar el marco penal punitivo de la derecha y la extrema derecha o no comprarla. El PSOE hoy la ha comprado", ha asegurado.
En favor de la reforma, la diputada del PP Macarena Montesinos ha insistido en que su propuesta "es una respuesta legislativa ajustada" y no se trata "ni de ira, ni de rabia, ni de sed de venganza". A su juicio, con esta proposición España se acerca a Europa porque es una medida que existe en la mayoría de los países del entorno y que está en línea con lo que fija el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Señorías, en el pasado no había una respuesta penal adecuada. Hoy podemos hacer que la sociedad esté protegida en el futuro de la actuación de estos desalmados", ha señalado.
Ha explicado que esta iniciativa "surge del coraje, de la decencia y de la dignidad de familias destrozadas que no quieren que esto vuelva ocurrir" y que buscan una respuesta penal para los reincidentes y para quienes ocultan el cadáver de la víctima. Así, ha recordado a los padres de Marta Calvo y de Diana Quer, presentes en el Congreso, así como de los padres de otras víctimas. "Nada de legislar en caliente", ha dicho.
Por Ciudadanos, el diputado Edmundo Bal ha asegurado que "hoy se convierten en legisladores" los padres de las víctimas "que pudieron quedar abatidos, pero decidieron luchar para que no les pasara a otras familias lo que pasaron ellos". Para el número dos del partido naranja, es deber del Congreso, como uno de los poderes públicos, minimizar el daño de las víctimas, y "no es una cuestión de siglas". "Es una cuestión de simple humanidad", ha apostillado.
Bal ha incidido en que quienes ocultan el cadáver de las víctimas "aumentan deliberadamente el dolor de los seres queridos". Y ha destacado que quienes cometan este tipo de crimen podrán guardar silencio, pero "tendrán que someter a las consecuencias mas gravosas que esta Cámara redactará en el Código Penal".
Por Vox, Macarena Olona ha insistido en que no se trata de una cuestión de venganza sino de justicia. "Venganza sería violar y matar a la hija del criminal", ha señalado la diputada, quien ha reprochado al Congreso que tardara tanto en aprobar la prisión permanente revisable y se ha mostrado a favor de incluir dos nuevos supuestos en el Código Penal. Al hilo, ha reclamado al PSOE que se comprometa con los padres de las víctimas a que la votación de este martes no va a ser solo "un paripé".
Ana Oramas, de Coalición Canarias, y Sergio Sayas, de Navarra Suma, también se han mostrado a favor. Este último ha insistido en que "la ley no puede ser vengativa, pero no puede ser ciega". Al hilo, ha subrayado que no se puede decir que se defiende a las mujeres si no se va a hacer todo lo posible para que sus asesinos no estén en la calle.
Esta mañana familiares de las jóvenes asesinadas Marta del Castillo, Diana Quer y Marta Calvo hayan comparecido ante los medios de comunicación a las puertas del Congreso para mostrar su apoyo a la iniciativa.
Según la iniciativa, que de salir adelante este martes comenzaría su andadura parlamentaria, la sociedad española está mayoritariamente a favor de un máximo castigo para delitos de especial gravedad. Recuerda el reciente aval del Tribunal Constitucional y apuesta por aplicar la prisión permanente en los casos en los que, además de un asesinato, se oculta el cadáver, causando un dolor añadido y "un daño concreto y específico" a familiares y allegados de la víctima.
Con ello, se cumpliría con el "efecto retributivo" de la pena, al imponer un castigo mayor al que se aplica en el caso de asesinato, y se "proporcionaría un estímulo al reo" para revelar el paradero del cuerpo.
En declaraciones ante los medios, Juan Carlos Quer, el padre de Diana, ha señalado que el "altísimo nivel de reincidencia" de "asesinos y violadores" debe poner a la sociedad "en prevención". A su juicio en la defensa de esta medida no hay políticos "sino personas" y "padres y madres" que buscan "proteger a sus hijos".
En este sentido, Quer ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) ha determinado que la prisión permanente revisable es "una pena acorde con el espíritu" de la Carta Magna y que "está orientada a la reinserción". Del mismo modo, ha señalado que "la obligación de reinsertarse es de los reos" y "no de la sociedad" y que la "pena perpetua" ya la viven las familias de las víctimas.
El padre de la joven asesinada Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que Podemos haya votado en contra este martes de admitir a trámite la proposición de ley de ampliar la aplicación de la pena de prisión permanente revisable. "Quizás pidieron consejo al Chicle", ha lamentado Quer.
"Podemos cambia de voto a última hora y rechaza ampliar la prisión permanente. Quizás pidieron consejo al Chicle, experto en violar y asesinar a niñas e intentar ocultar su cuerpos", ha escrito en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, en referencia al asesino de su hija José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle'. Asimismo, ha pedido la dimisión de Irene Montero. "Si tiene dignidad dimita. Usted no defiende a la mujer", ha añadido
La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, por su parte, ha pedido que salga adelante esta medida que, a su juicio, "puede salvar vidas". Visiblemente emocionada, ha pedido a aquellos partidos que no aprueben esta medida "que se abstengan en la votación", pero que "permitan" que este texto salga adelante "por sus hijas" y para "que no haya ninguna víctima más". A estas personas, Burón les ha recordado que lleva "dos años y cuatro meses" sin saber dónde está su hija y también ha destacado la situación de la familia de Marta del Castillo, desaparecida desde 2009.
A su juicio, todos están "sufriendo lo insufrible" mientras "no existe una ley" para aquellas personas que "hacen desaparecer un cuerpo de forma intencionada". Es por eso que ha pedido que esta propuesta de ley se empiece a tramitar este martes.
"Vale ya de que la ley de los criminales prevalezca sobre la de las víctimas, estamos muertos en vida y ellos están en la cárcel comiendo y bebiendo", ha lamentado Burón, antes de señalar que, aunque los condenados viven en privación de libertad y tienen sus derechos, no sabe "cuáles son" los de las víctimas.