El fiscal solicita, en un escrito de 17 páginas, la prórroga de la clausura de los dos locales alegando que las prostitutas eran obligadas a "ingerir vitaminas, medicinas y hormonas". Según la información de El País, en el registro realizado en el Riviera se encontró un listado personalizado de las sustancias que tomaba cada mujer.
Las 'madames' de los prostíbulos eran las encargadas de controlar el trabajo de las chicas, según la información publicada por el diario.
Además, el fiscal afirma que casi todas las mujeres estaban en España en situación ilegal y algunas tenían abiertos expedientes de expulsión y eran menores de edad.
Según informa el diario El País, de los 19 imputados en el caso sólo permanece en prisión Javier Marín Puyal, alias Jordi, inspector de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF), dependiente de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.