También pide que se reclame la titularidad de estos bienes en los supuestos en que fuera un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aunque esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.
En este sentido, plantean que se derogue el artículo 206 de la Ley Hipotecaria que atribuye a la Iglesia Católica, cuando carezca de título de dominio, la potestad para inscribir bienes inmuebles en los términos en que lo pueden hacer el Estado, la Provincia, el Municipio y las corporaciones de derecho público.
En cualquier caso, la nueva Ley Hipotecaria, que está en tramitación parlamentaria, en su artículo 206, ya equipara a la Iglesia "al resto de personas jurídicas a efectos de inscripción".