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“A mí no me llegó la eutanasia, que sea para los demás”. Esas fueron las últimas palabras de María José antes de que su marido, Ángel Hernández, pusiese fin a su dolor proporcionándole una sustancia letal; ‘prestándole sus manos’ para ayudarla a morir, tal como él explicó.
Eran 30 años los que llevaba sufriendo la esclerosis múltiple y para ella vivir era un auténtico infierno que no podía soportar más. Así lo manifestó durante sus últimos años, y sin soluciones para ver satisfecho su deseo de decir adiós al dolor, terminó grabando en un vídeo su voluntad y su consentimiento expreso para que su marido, –quien siempre estuvo a su lado apoyándola y ofreciéndole su cariño más incondicional–, la ayudase a acabar con su vida.
Con dificultades para hacer prácticamente cualquier cosa, postrada en una cama y sin comer apenas nada, su único deseo era “el buen morir” y reabrir con ello el intrincado debate de la eutanasia en España.
María José solo tenía un temor: lo que pasase con su marido. Temía las posibles responsabilidades penales que recayesen sobre él en un país que todavía hoy no tiene una respuesta clara y concisa para casos como el suyo, que tuvo lugar en abril del pasado año 2019 y generó una enorme conmoción social, con muchas voces preguntándose por qué su acto, efectuado desde la compasión y el amor a su mujer, podía llevarle a la cárcel. De hecho, tras llamar a las autoridades y contar fielmente lo sucedido, pasó por el calabozo, y su caso, incluso, –para más polémica e incredulidad de muchos–, llegó a ser derivado a un juzgado de violencia de género, ahondando en el dolor de Ángel y en su más profunda indignación.
Este 11 de febrero, tras años de lucha de las víctimas, sus familias y distintas asociaciones, arrancaba en el Congreso el proceso para despenalizar la eutanasia. Los diputados han aprobado la proposición de ley socialista, –la tercera Ley de Eutanasia del PSOE que llega al Congreso–, con el respaldo de todos los grupos salvo Partido Popular y Vox, que han votado en contra. En total, la votación ha contado con 201 síes frente a 140 noes y 2 abstenciones.
El reconocimiento del derecho a una muerte digna ha sido un empeño personal de Pedro Sánchez y, de hecho, en el Congreso ha estado también Ángel, el marido de María José, en un gesto sumamente simbólico al inicio del debate parlamentario sobre la cuestión.
No obstante, el caso de María José no ha sido el único de enorme repercusión en España. El pionero fue Ramón Sampedro, quien en enero de 1998, poco antes de que su cuidadora, Ramona Maneiro, le ayudase a morir facilitándole cianuro potásico, denunciaba que “obligar a una persona a vivir es un maltrato”. Un accidente en el mar le dejó tetrapléjico y pasó 30 años postrado en una cama. Fue el primero en pedir el suicidio asistido en España, dado que él, por su estado, no podía quitarse la vida sin ayuda externa.
Ramona fue arrestada y posteriormente, debido a la falta de pruebas, quedó en libertad. No contó que fue ella quien le facilitó la muerte a través del cianuro potásico hasta que el delito prescribió.
Hoy, 22 años después de que ayudase a morir a Ramón Sampedro, sigue esperando para conocer si el debate para despenalizar la eutanasia conduce finalmente a algún avance.
Otro de los rostros que pusieron en el foco el debate sobre la eutanasia fue el de Inmaculada Echevarría, enferma de distrofia muscular progresiva, quien consiguió en Granada, en marzo de 2007, que la desconectaran del respirador artificial que la mantenía con vida tras reiterar su deseo de morir libremente y tras lograr la autorización del Comité Ético de la Junta de Andalucía y del Consejo Consultivo Andaluz. Entonces, acabaron estimando que su petición era un rechazo al tratamiento, algo que sí estaba reconocido como un derecho en la ley española de autonomía del paciente; una eutanasia pasiva.
“Para los que no me conocéis, soy Luis de Marcos y voy a morir”. Con esas palabras encabezaba él mismo su campaña para morir con dignidad y “poner fin a una existencia que no es vida”. Víctima de una esclerosis múltiple, sufriendo múltiples dolores que ni la morfina podía mitigar, se dirigió directamente a los principales líderes políticos a través de una carta para pedir que se desbloquease en el Congreso la eutanasia.
Confesando los “dolores insoportables” que sufría y manifestando su deseo de “abandonar este mundo”, denunció que las leyes vigentes le obligaban a vivir un verdadero calvario: “Un calvario que ni quiero ni puedo aguantar”, tal como expresaba.
“La eutanasia es lo único que me puede sacar de la tortura que estoy viviendo”, explicaba, pidiendo que le dejasen “morir de forma controlada”, en paz, junto a sus seres queridos “y con la ayuda de especialistas” para que su adiós fuese “lo menos doloroso posible”.
Finalmente, murió en agosto de 2017. La familia denunció entonces a los responsables de Servicios Paliativos de la Consejería de Salud de ser los responsables de "prolongar innecesariamente el sufrimiento de enfermos terminales" en la Comunidad de Madrid.
También el caso de Maribel Tellaetxe, de 75 años, reavivó el debate. Murió en marzo de 2019 y sufría un alzhéimer extremadamente desarrollado. Se lo diagnosticaron hacía 15 años, y su familia presentó en el registro del Congreso de los Diputados más de 182.000 firmas para demandar a la Comisión de Sanidad y pedir que se aprobase la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. “Están obligando a mi madre a sufrir”, denunció su hijo entonces, demandando unas respuestas que nunca llegaron.