Así se desprende de las recomendaciones que el órgano fiscalizador realiza a la pinacoteca, en el informe aprobado este pasado 29 de enero de fiscalización del museo sobre el ejercicio 2013, que ha sido recogido por Europa Press.
En concreto, en la gestión de los bienes artísticos los expedientes analizados pusieron de manifiesto la dispersión de la documentación en distintas unidades gestoras; en las adscripciones, la ausencia de un procedimiento "completo y detallado" de los trámites a llevar a cabo por el Museo para el estudio y propuesta de las obras de arte de su interés para elevar al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
El Tribunal señala que en los préstamos de obras de arte a otras instituciones, las normas internas informales del Museo "no incluyen las garantías que debían aportar" las instituciones receptoras de tales obras de arte.
CULMINAR LA REORDENACIÓN DE OBRAS DE ARTE
Junto con el Museo Nacional del Prado, cree que el Reina debería de continuar los trabajos hasta culminar el proceso de reordenación de las obras de arte en el que están inmersos ambos museos. Asimismo, urge a la institución a proceder con la mayor celeridad posible a concluir el proceso de inventario de bienes no artísticos ya iniciado en 2010, y a solventar las demás deficiencias que afectan a su inmovilizado.
Por otro lado, sugiere al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que valore la conveniencia de mantener la vigencia de la tarjeta de museos estatales y, si así fuere, proceder a actualizar el precio público de la misma, de acuerdo con las normas que le son de aplicación.
REPRESENTATIVIDAD DE LAS CUENTAS
Sobre la representatividad de las cuentas del Reina, el Tribunal considera que éstas reflejan, en sus aspectos significativos, su situación financiera y patrimonial, así como el resultado del ejercicio y la liquidación de su presupuesto.
No obstante, el informe apunta una serie de salvedades contables, algunas de las cuales al ser motivadas por las características específicas de los bienes y las obras de arte del Museo, requieren para su corrección de un pronunciamiento por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y otras estaban siendo corregidas por el propio Museo.
El Tribunal de Cuentas aclara que dichas salvedades, "no obstante, carecen de la trascendencia necesaria para alterar la representatividad de las cuentas", y añade, que algunas "son consecuencia de las características contables específicas del Museo".
En este sentido se hace referencia, por ejemplo, a la manera de registrar algunos valores o a los requisitos de algún soporte documental.
Ante el informe del Tribunal, el Museo Reina Sofía ha aclarado que ya se ha dirigido al IGAE para que apruebe una norma que regule las características contables específicas, como las del Museo Reina Sofía y así adaptarlas al Plan General de Contabilidad Pública.
En concreto, algunas de las incidencias detectadas por el Tribunal de Cuentas son las referentes al hecho de que el Reina registró, "indebidamente", en las partidas de 'Terrenos y Construcciones' los valores del suelo y del vuelo de los inmuebles declarados 'Bienes de Interés Cultural' o asimilados a esta categoría.
"Estos elementos debieron figurar en la rúbrica de 'Bienes del patrimonio histórico', en registros contables independientes y, en consecuencia, el valor de tales construcciones no debió ser objeto de amortización", sostiene el Tribunal.
Por otra parte, el órgano fiscalizador indica que la documentación soporte no ha permitido la verificación del saldo de la cuenta de 'Bienes del Patrimonio Histórico' (con un valor de 288 millones de euros a 31 de diciembre de 2013), si bien el propio Informe aclara que la posible falta de incorporación de determinados bienes artísticos "no afectaría a la representatividad de las cuentas de la entidad".
Asimismo, resalta que el Museo está inmerso, desde 2010, en un proceso de inventario de bienes no artísticos del que se prevé un significativo efecto sobre las cuentas de ejercicios futuros.
El informe señala, asimismo, que en la memoria de las cuentas anuales se detectan "carencias de información", especialmente por lo que se refiere a los bienes del inmovilizado que gestiona el Museo. Además, la información sobre la aplicación del principio de devengo "no se ajusta a la realidad" y la memoria sólo informa de "manera parcial" sobre el coste de las actividades desarrolladas por el Museo.
Esta fiscalización también ha puesto de manifiesto el "incumplimiento" del principio de devengo en una parte "significativa" de los ingresos, la ausencia de un manual de contabilidad específico para la Entidad y una serie de "deficiencias" en la información contable y en el ámbito de la tesorería, entre otras.
Sobre el cumplimiento de la legalidad, el informe recoge una serie de "incumplimientos" relacionados con la aplicación de la normativa del propio Museo, como la falta de aprobación de los principios de organización, de la estructura orgánica, de la plantilla y de la propuesta de régimen retributivo y del organigrama funcional previsto en dicha normativa.
En materia de ingresos, el Tribunal de Cuentas ha verificado "una posible aplicación indebida" de los criterios legales de ponderación de la tasa de cesión de espacios, "lo que ha podido producir una reducción de la cuantía que debió percibir el Museo por este concepto".
En materia contractual, el análisis de la entidad fiscalizadora detecta "irregularidades" en la tramitación de distintas clases de contratos, así como la contabilización de gastos que no estaban amparados en contratos formales celebrados por el Museo. "También se observó la devolución, por duplicado, de dos fianzas recibidas en garantía de procedimientos contractuales", agrega.
EL MUSEO: "EN PERIODO DE TRANSICIÓN"
El Museo Reina Sofía agrega en su nota aclaratoria que algunas de las recomendaciones que realiza el Tribunal de Cuentas ya habían sido abordadas por el Museo y son consecuencia de que en 2013 esta institución se encontraba "inmersa en un período de transición", y aún no se había implantado la Ley propia, y así lo reconoce el propio Tribunal.
"El Estatuto que desarrolla la Ley propia, de hecho, se aprobó a mediados de 2013", apostilla, mientras que indica que en 2014 ya se inició la puesta en marcha de algunas de estas recomendaciones específicas en el proceso de implantación de la Ley Propia.