María Isabel lleva meses sin poder dormir. En 2026 le vence el contrato de alquiler del piso que lleva ocupando desde 1.987 en un edificio de la calle Río Escalona de Valencia. El bloque fue adquirido en 2023 por una empresa con sede social en Valencia, que les comunicó que no iba a renovar ningún alquiler y que no pensaba negociar ningún contrato con los vecinos. "Soy discapacitada y una persona vulnerable. Con la pensión que cobro es imposible que pueda alquilarme un piso y me veo en la calle", cuenta emocionada.

En su misma situación se encuentran otros 24 vecinos, muchos jubilados con pensiones muy bajas. "El edificio pertenecía a un hombre que tras fallecer lo dejó en herencia a unos sobrinos que son los que lo vendieron a esta empresa. Aquí siempre ha pagado todo el mundo y nos hemos ido arreglando el piso con nuestro dinero. Lo único que pedimos es pagar un alquiler asequible", afirma María Isabel Rizo.

En este tiempo, seis vecinos ya han tenido que dejar sus viviendas. "Se han tenido que ir a vivir a más de una hora de Valencia y a todos les ha dificultado mucho sus vidas porque tienen que venir a diario a trabajar a Valencia", explica María Isabel.

A medida que los inquilinos van dejando sus pisos, la empresa tapia puertas y ventanas. "Viene la gerente de la empresa con un albañil y no se va hasta que tapian. Te dan ganas de llorar, pero no puedes hacer nada", explica Rubén Temporal. Junto a su mujer este hombre formó su familia en un piso que tendrá que abandonar en año y medio. "Ahora pagamos casi 400 euros y podríamos pagar 500, pero con nuestros sueldos no podemos hacer frente a un alquiler de 800 euros, que es lo que te piden en Valencia por un quinto piso sin ascensor en las afueras y de origen. Seguramente nos tendremos que ir a vivir debajo de un puente", lamenta.

En un primer momento, la empresa tenía la intención de dedicar los pisos a alquiler vacacional, pero con el paso del tiempo han cambiado la estrategia y ofrecen contratos de menos de un año. "En la puerta 18 han firmado por 11 meses de alquiler a 1.100 euros al mes".

Los vecinos denuncian que en los pisos que se van quedando vacios hacen obras a cualquier hora, incluso los fines de semana. "Creemos que lo hacen para molestar", señala Pilar. Ella es una de los tres inquilinos que tienen un contrato de renta antigua que le permite seguir viviendo en su casa hasta su muerte. "Vivo aquí desde 1.978, aquí nacieron mis hijos. A mí no me pueden echar, pero a una de mis hijas, que vive al lado mío le han ofrecido 30.000 euros por dejar su piso, pero no ha aceptado porque con ese dinero y con tres hijos no puede comprarse un piso", denuncia.

Tienen pocas esperanzas, pero los vecinos de esta comunidad, más unida que nunca, no piensan rendirse y van a seguir luchando. "Queremos reunirnos con la empresa y poder negociar, que nos permitan renovar los alquileres y seguir en nuestras casas", afirma Rubén.

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