La decisión de condenar al fiscal general del Estado no fue unánime: dos magistradas han discrepado

En una sentencia inédita en España, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación. La condena no ha sido por unanimidad: dos magistrados del ala progresista han emitido un voto discrepante.

La condena al Fiscal General del Estado abre un escenario sin precedentes en nuestro país. El Tribunal Supremo lo considera culpable de filtrar información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Supone un revés para el Gobierno que desde ya tiene que buscar su relevo.

Álvaro García Ortiz no irá a prisión porque ha quedado inhabilitado durante dos años. También ha sido condenado a pagar al novio de la presidenta madrileña de 10.000 euros por daños morales y a abonar una multa de 7.500 euros, a razón de 20 euros diarios durante 12 meses, y a pagar los costes del juicio.

El fallo del Supremo ha sido comunicado a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique la sentencia, que se conocerá posteriormente porque aún no está redactada.

Quiénes son las magistradas que han emitido voto discrepante

El encargado de redactar la sentencia es el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, porque hay dos votos discrepantes de dos magistradas progresistas, informa en el vídeo Andrea Pérez. Una de ellas es Susana Polo, encargada inicialmente de la redacción.  

Polo es magistrada del Tribunal Supremo desde 2018. Ingresó en la carrera judicial en 1985. Ya en 2013 fue nombrada magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es especialista en violencia de género. Fue la ponente de la sentencia del Supremo que condenó a los cinco miembros de 'La Manada' por agresión sexual

La otra magistrada progresista que ha mostrado su discrepancia es Ana María Ferrer, la primera mujer miembro de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España, desde 2014. Fue una de los magistrados del juicio del Procés. De hecho, fue la única mujer de un tribunal formado solo por hombres.

Ferrer es juez por oposición desde los 25 años. Durante su estancia en la Audiencia Provincial de Madrid fue la instructora del caso Roldán.

Cinco de los siete magistrados de la sala del Supremo consideran culpable a García Ortiz de un delito de revelación de secretos. Cuando se redacte la sentencia se sabrá si el delito por el que le condenan se cometió al redactar la nota de prensa o en la filtración a la prensa del correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso proponía un pacto y reconociendo así dos delitos fiscales.

El Gobierno debe buscar un nuevo FGE

Este caso se ha convertido en toda una pugna política. El Gobierno ha defendido en todo momento la inocencia del fiscal, mientras que la oposición aprovecha ahora para pedir elecciones.

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la convocatoria de elecciones, los partidos de izquierda cargan todos contra la decisión judicial.

Dentro del PP, Isabel Díaz Ayuso, también ha valorado la condena al asegurar que en ese banquillo de los acusados, según el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentaba "el mismo".

Este jueves, tras conocerse la sentencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a defender la democracia ante ataques en forma de "desinformación" y "abusos de poder" y ante quienes "se creen con la prerrogativa de tutelarla o amenazarla".

Sánchez ha hecho estas declaraciones en un acto en el Congreso de los Diputados, donde se ha presentado la serie 'Anatomía de un instante', basada en la novela de Javier Cercas sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Una vez sea notificada la sentencia será firme. El aún fiscal general del Estado tendrá la opción de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. No obstante, eso no paralizará la inhabilitación de Álvaro García Ortiz.