¿Qué pasa ahora con el fiscal general del Estado y qué opciones tiene frente al fallo y la condena del Tribunal Supremo?
El Alto Tribunal ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al novio de Isabel Díaz Ayuso
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
Tan solo una semana después de que acabase el juicio y sin que se esperase tan pronto su resolución, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Pese a que se hablaba de un espacio de tiempo de en torno a un mes para conocer la decisión tras quedar el juicio visto para sentencia, todo se ha precipitado porque en una de las reuniones la ponente optaba por la absolución y la mayoría conservadora optaba por condenar al fiscal general del Estado, como explica en el vídeo Íñigo Yarza, quien indica que conoceremos la sentencia en ese momento cuando sea firme, y que cabe un recurso ante el Tribunal Constitucional. No obstante, esto último no va a paralizar la inhabilitación de Álvaro García Ortiz.
¿Qué pasa ahora con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz?
Ahora, tras esta decisión, cabe esperar a que se ejecute la sentencia. Una vez así sea, se aplicará la inhabilitación y, por tanto, habrá que elegir otro fiscal general del Estado, siempre y cuando no dimita antes Álvaro García Ortiz, algo que puede hacer en las próximas horas o los próximos días.
Dado que aún no conocemos la sentencia, también queda por conocer por qué se le condena: si por la nota de prensa o por una filtración directa a los periodistas. Así, se han de saber también estos argumentos y las pruebas que utiliza el Tribunal Supremo para condenar al, por ahora, fiscal general del Estado.
¿Qué opciones tiene Álvaro García Ortiz?
Álvaro García Ortiz podrá combatir la condena del Supremo mediante un incidente de nulidad, una vía que no suele prosperar, pero que es indispensable para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).
De adoptar esa vía, el jefe del Ministerio Público podría solicitar a la corte de garantías que, de forma cautelar, suspendiera la ejecución de la condena hasta que resolviera sobre el recurso contra este fallo.
El fallo del Tribunal Supremo, por el que además de condenarle a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, también le ordenan a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no ha sido por unanimidad.
Concretamente, ha contado con el apoyo de cinco magistrados –Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela– y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.
De hecho, esta última, Susana Polo, era la magistrada ponente, esto es, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma ha llevado a que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó a García Ortiz, quien asuma esta función.
De mayoría conservadora, el tribunal ha fallado así, tan solo una semana después, condenando a García Ortiz. No obstante, no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.
