¿Quién es Alberto Casero, el diputado del PP que por un error ha salvado la reforma laboral del Gobierno?

Nacido en Cáceres, Extremadura en 1978, Alberto Casero Ávila, diputado del Partido Popular, se sitúa hoy en el epicentro de la polémica política después de que su voto haya sido clave para que Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición hayan visto convalidado el real decreto ley de la reforma laboral por 175 votos a favor y 174 en contra. Y todo porque el voto de Casero ha sido computado como un ‘sí’, cuando el sentido en el que pretendía emitirlo es un ‘no’.

Según el PP, todo se ha debido a un “error informático” del que previamente, antes de la votación, habían informado. Por eso, denuncian que el Ejecutivo ha culminado una “cacicada”, y aseguran que la convalidación de la reforma laboral no hubiera sido posible si no hubiesen computado el voto de Alberto Casero de forma diferente al sentido en que lo emitió.

"Teniendo conocimiento como tenían, del sentido del voto que ese diputado había emitido, ¿por qué no se ha tenido en consideración esa información y se ha permitido, no solo continuar la misma, sino que además se ha contabilizado con un resultado diferente al que el diputado había emitido?”, ha denunciado Gamarra en una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados tras lo acontecido.

Además, ha dicho, Casero ha intentado incluso acceder a la Cámara para reiterar lo que estaba pasando: "Evidentemente no puede ser contabilizado con un resultado diferente al que el diputado lo emitió. Y todavía más grave es que un diputado haya venido hasta la Cámara en una situación de enfermedad y se le haya impedido entrar al Hemiciclo. Ese impedimento ha sido también comunicado que se iba a producir por parte del vicepresidente de la Cámara al secretario general del grupo parlamentario, dando instrucciones por tanto a funcionarios de la Cámara para que a un diputado se le impidiera la entrada al Hemiciclo”, ha denunciado Gamarra, indicando que “no es baladí la trascendencia justo de la votación donde se ha producido”.

Precisamente, esa trascendencia, y el resultado final que ha tenido el voto de Alberto Casero, le ha situado como protagonista de múltiples titulares, con algunos ciudadanos preguntándose por su trayectoria.

De 43 años y nacido en el bello municipio de Trujillo, es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, e inició su carrea política en las llamadas ‘Nuevas Generaciones’ del Partido Popular, al que se afilió con la mayoría de edad.

Fue en 2001 cuando, escalando en sus posiciones, fue elegido presidente provincial hasta 2006; tiempo en el que también fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Nuevas Generaciones.

En 2003, Alberto Casero era ya el diputado más joven de la Asamblea de Extremadura, donde ejerció como portavoz del PP en Economía, Empleo, Industria, Comercio y Turismo, al igual que tiempo después ejercería como portavoz de Jóvenes y Deporte.

En 2007 fue elegido Secretario General del Partido Popular de la provincia de Cáceres, algo que compaginaba con la presidencia del partido a nivel local desde 2005.

En junio de 2011, con 32 años, Alberto Casero se hacía con la alcaldía de Trujillo tras vencer en las elecciones locales con un 64,68% de los votos; una mayoría absoluta que revalidaría en 2015, ya con un 54,87%.

En ese 2011, además, Casero era elegido senador por la provincia de Cáceres, compatibilizando, una vez más, ese cargo con el de la alcaldía.

Muy cercano a Teodoro García Egea, fue en 2019 cuando se convirtió en diputado del PP en el Congreso por la circunscripción de Cáceres, un cargo que ostenta en la actualidad, junto con el de Secretario Ejecutivo Nacional de Organización del PP.

Dos años después de que se convirtiese en diputado del PP en el Congreso, en noviembre de 2021, el juzgado número 2 de Trujillo comenzó a investigarle por un presunto delito de prevaricación continuada, tal como recogía El Periódico de Extremadura.

Concretamente, la investigación se centra en las contrataciones que supuestamente hizo por parte del Ayuntamiento cuando estaba en la alcaldía sin cumplir con los requisitos legales estipulados.

Entre dichas contrataciones, destaca una de 30.000 euros por parte de la Cámara de Comercio de Perú en España, así como otra que trasciende a los 56.628 euros, derivada de la celebración de los ‘Premios PopEye’.