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El Gobierno trabaja en la reforma del bono social eléctrico y, –con el objetivo de evitar que personas que no lo necesitan “se aprovechen de las políticas sociales”–, tal como señaló Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, plantea establecer un límite máximo de renta familiar de 26.000 euros para las familias numerosas como tope para acceder al bono; una modificación que si bien la ministra calificó de “relativamente sencilla” en un primer momento, podría no serlo tanto, según advierte y defiende un informe reciente de EsadeEcPol.
Contextualizando la situación antes de entrar en la materia, es necesario subrayar que todo arranca tras conocerse que distintos políticos, como el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, –quien tiene un patrimonio de más de un millón de euros–, se beneficiaba de esta ayuda pública para rebajar sus facturas. No solo rebajaba su factura de la luz, de hecho, sino también los gastos de calefacción, agua caliente y cocina, gracias al bono social térmico.
También la líder de Más Madrid, Mónica García, quien ha pedido disculpas explicando que desconocía la situación y anunciando que procederá a su devolución, se beneficiaba, entre otros, del bono social.
Tras salir a la luz, sus casos han disparado la polémica obligando al Gobierno a actuar. El hecho de que no existiese un umbral de renta para las familias numerosas para acceder al bono social propiciaba un uso de esta ayuda que estaba siendo, en la mayor parte de los casos dentro de estos núcleos familiares, utilizado de la forma contraria a como se había concebido o se pretendía. Es decir, más que las familias numerosas vulnerables, –las que de verdad necesitan auxilio para llegar a fin de mes y para siquiera poder calentarse–, han sido las familias numerosas con rentas más altas las que más ayuda han obtenido.
Así lo evidencia el informe de EsadeEcPol, que destaca que más de la mitad de las familias numerosas más ricas se benefician del bono social eléctrico, mientras solo 1 de cada 3 hogares con familia numerosa que está entre el 20% más pobre lo percibe; un completo sinsentido en lo que se refiere al propósito de esta política social.
Titulado ‘A quien llegan los bonos energéticos: un análisis por nivel de renta y tipos de familia’, EsadeEcPol, que divide los hogares españoles en cinco grupos atendiendo a los niveles de renta con datos de 2021, en su informe explica que en un segundo quintil, –el relativo a las rentas bajas medias–, el porcentaje de hogares a los que llega la ayuda sube al 38%.
Tras ellos, con ingresos intermedios el porcentaje se sitúa en 55%, bajando ligeramente al 52% para ingresos medios altos, y situándose en la cúspide, con otro 55%, las familias numerosas pertenecientes al 20% que más gana.
Estos datos, subraya el informe, sugerirían además que “las familias con mayor disponibilidad de tiempo e información para lograr este tipo de bonos (algo que puede aproximarse por el nivel de ingresos del hogar) cuentan con una mayor probabilidad de poder conseguirlos”. Basta con pensar, por ejemplo, en las personas en extrema vulnerabilidad o aquellas que ni siquiera tienen acceso a Internet, un televisor o un medio de información a través del cual enterarse o solicitar la ayuda.
Por todo ello, a este respecto, inciden en que los resultados muestran “que los bonos energéticos son insuficientes en su cobertura, algo especialmente grave para las familias estructuralmente vulnerables, y en su diseño actual se prestan a problemas de desajuste entre quién los necesita y quién los recibe”.
Por esta razón, desde EsadeEcPol ven necesario “aprovechar el problema agudo actual para revisarlos buscando que sean más efectivos y progresivos”.
Más allá de las familias numerosas, el problema también escala al atender a la totalidad de los hogares españoles. Solo un 8,3% de estos reciben algún bono social energético, aunque un 14,3% declaró que tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, según datos de 2021 recogidos por EsadeEcPol, que apunta que esta cifra se habría visto todavía más agravada tras la reciente crisis energética, acrecentada tras la guerra de Ucrania.
Si en 2021 el precio de la luz duplicó el observado antes de la pandemia y el del gas natural se multiplicó por tres, tras la invasión rusa, en 2022 el precio de la electricidad triplicaba los niveles de pandemia y el del gas natural se multiplicaba por seis. Y todo mientras el poder adquisitivo de buena parte de la ciudadanía, y en especial la de los más vulnerables, decrecía entre la inflación y el incesante incremento general de los precios, como los de la cesta de la compra.
Atendiendo al número de beneficiarios del bono social con independencia de si se tratan o no de familias numerosas, la cifra disminuye a medida que los ingresos del núcleo familiar aumentan. Así, si el 8,3% de los hogares recibe alguna ayuda de este tipo, el porcentaje se eleva al 17% para el 30% más pobre, mientras cae progresivamente por debajo del 10% en ingresos intermedios; un descenso que prosigue hasta romperse la tendencia justo en el 2% más rico. Es en ese punto en el que la dinámica se frena y la cifra de beneficiarios del bono social vuelve a subir, elevándose a un 4% entre las familias más adineradas; algo que, precisamente se explicaría por el aumento de familias numerosas incluidas en este grupo.
Ante esta situación, este estudio, realizado por Ángel Martínez Jorge, Natalia Collado Van-Baumberghen y Jorge Galindo defiende que “la reciente propuesta de incorporar un umbral de renta a las familias numerosas en el acceso al bono social eléctrico es un paso en la buena dirección”, pero destaca que “es en la propia definición de ese umbral donde reside la mayor dificultad y lo que condicionará su resultado”.
“Si el límite es demasiado bajo, dejará fuera a familias que, por su nivel de renta, son vulnerables”, señalan, dejando ver lo que podría ser especialmente un problema para las rentas medias – bajas.
“El ingreso neto del hogar, por sí solo, no determina la posición de un hogar en la distribución de la renta, puesto que el ingreso equivalente del hogar se calcula como el ingreso neto de todos los miembros del hogar entre las unidades de consumo que lo componen. Esto implica que las familias numerosas se sitúan en tramos más bajos de la distribución del ingreso equivalente respecto a la posición que ocupan en la distribución de la renta neta del hogar”, señalan, explicando que, fundamentalmente, todo ello significa que, si bien ese porcentaje de las familias numerosas que se sitúan entre el 20% más pobre no vería afectado su acceso al bono social con el limite de renta que pretende el Gobierno con su reforma, –de 26.000 euros–, los siguientes grupos, desde el de renta media-baja, se vería notablemente afectados.
Así, solo “uno de cada tres hogares con familia numerosa de ingreso medio-bajo perdería su bono energético”.
A este respecto, frente a toda esta problemática y tras realizar su análisis, EsadeEcPol recomienda “reducir considerablemente las barreras para solicitar y conseguir estos bonos, tomar la iniciativa sugiriendo una solicitud ya rellenada a quien cumpla las condiciones, o incluso pasar a un sistema de concesión automática que podría funcionar a través de la factura energética o como componente del Ingreso Mínimo Vital u otro mecanismo unificado, evitando la fragmentación y aunando en la medida de lo posible todos los instrumentos para luchar contra la pobreza y sus riesgos derivados”.
Además, aconsejan “combinar mejor los criterios de renta con los de tipo de hogar, pero con el cuidado necesario para no eliminar a demasiados hogares de la concesión: "Un umbral de 26.000€ como el que se ha venido discutiendo quitaría la ayuda a 1 de cada 3 familias numerosas de renta media-baja”, reiteran.