El apagón no nos va a salir gratis: cuatro céntimos más al día para consumidores del PVCP

El apagón no les va a salir gratis a los usuarios. Las consecuencias de ese día ya las estamos pagando en el recibo, al menos los consumidores del PVCP (precio voluntario para el pequeño consumidor). La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha estimado que el coste del procedimiento reforzado con el que opera el sistema eléctrico tras el inédito apagón del pasado 28 de abril es de cuatro céntimos al día para aquellos consumidores que están acogidos a la tarifa regulada de la electricidad.

El coste del modo reforzado hasta noviembre ha sido de 486 millones de euros para todo el sistema eléctrico, lo que son aproximadamente cuatro céntimos al día para los consumidores del PVCP (precio voluntario para el pequeño consumidor)", según ha señalado Corredor en su intervención en el Club Diálogos para la Democracia este miércoles.

"No digo que me parezca poco, cuatro céntimos al día puede ser una cantidad astronómica dependiendo del consumidor", ha señalado Corredor en referencia a esta cifra, pero ha advertido de que ni un solo euro va a la cuenta de resultados de Red Eléctrica, que es independiente del precio de la electricidad, sino a las compañías generadoras de electricidad.

No digo que me parezca poco, cuatro céntimos al día puede ser una cantidad astronómica dependiendo del consumidor

Aunque los consumidores del mercado libre aún no han notado el impacto del modo reforzado, los analistas advierten que esta protección es temporal. La CNMC prohibió que las compañías trasladaran los sobrecostes a los contratos a precio fijo, pero cuando estos se renueven es probable que los nuevos precios reflejen la subida estructural del sistema. Esto afectará potencialmente a tres de cada cuatro puntos de suministro en España.

En definitiva, la estabilidad del sistema eléctrico español está garantizada, pero a un coste creciente. En un escenario de inflación estructural y desaceleración del consumo, el desafío será equilibrar seguridad, sostenibilidad y asequibilidad sin convertir la factura energética en el nuevo termómetro del malestar económico.

Los costes del sistema eléctrico se incrementan casi un 34%

Los componentes del precio final de la energía o costes del sistema se situaron en los 16,98 euros por megavatio hora (MWh) en noviembre, lo que representa un incremento del 33,78% con respecto al mismo mes del año pasado, en que se situaron en los 12,69 euros/MWh, debido, principalmente, a la operación reforzada que el operador del sistema -Red Eléctrica- aplica desde el apagón del pasado 28 de abril, según datos de la consultora grupo ASE.

Desde el apagón del 28 de abril, estos costes -restricciones PBF, restricciones TR, reserva de potencia, banda secundaria y coste de desvíos- se han incrementado de forma muy significativa por la política operativa de Red Eléctrica de España (REE), orientada a reforzar la estabilidad del sistema mediante una mayor presencia de generación síncrona -principalmente ciclos combinados de gas-.

A este respecto, los analistas de grupo ASE estiman que todo indica que esta política se mantendrá durante bastante tiempo, "por lo que es previsible que los costes continúen situándose en niveles elevados".

En el periodo de enero a noviembre de 2025, los costes del sistema promedian 16,74 euros/MWh, lo que supone un incremento del 45,18% frente a los 11,53 euros/MWh registrados en el mismo periodo de 2024.

En el mes de noviembre los ciclos combinados se situaron como segunda fuente de generación del mes con un 18,4% del 'mix', manteniéndose su producción por encima del promedio histórico para noviembre (+6,2%), impulsada por la menor disponibilidad hidráulica, la reducción temporal de la generación nuclear y el aumento de las exportaciones, según la consultora.

Así, en las horas punta, los precios superaron con facilidad los 100 euros/MWh, pese a la caída del precio del gas, debido al recalentamiento de la demanda en días laborables.

No obstante, la expansión renovable marca un nuevo récord en el mes -eólica (+43,4%) y fotovoltaica (+35,4%)- e impulsó la caída del precio de la electricidad, situando el precio diario del mercado mayorista en noviembre en un promedio de 58,65 euros/MWh, lo que supone una bajada del 22,55% respecto al mes de octubre y del 43,8% frente a hace un año.

El modo reforzado seguirá hasta que se sepan las causas del apagón

Respecto a la fecha hasta la que el sistema continuará operando bajo este modo reforzado, que supone una mayor presencia de ciclos combinados, Corredor ha señalado que el operador tiene que mantener la seguridad de suministro mientras "no se acredite, se demuestre y se ponga de manifiesto cuál fue la causa de la oscilación anómala de las 12:03" del 28 de abril, día del inédito apagón. "Sabemos en qué planta fue, pero no sabemos cuál fue la causa. La tendrá que acreditar el titular de esa planta", ha señalado Corredor.

La directiva también ha apuntado que este modo reforzado continuará hasta que no estén seguros de que esté implementada toda la normativa que se ha ido implementando desde el 28 de abril para obligar a que los agentes del sector cumplan con los requisitos normativos de control de tensión.

"Esto no ha ocurrido porque la normativa requiere una serie de innovaciones, una serie de desarrollos de 'software' que todavía no se han terminado por parte de todos los agentes y, por tanto, mientras esto ocurra, mientras no estemos seguros de que todo el mundo cumple, el operador del sistema seguirá aplicando la operación reforzada", ha señalado.

Corredor ha vuelto a relatar una cronología de los hechos ocurridos en el día 28 de abril, en línea con anteriores intervenciones, porque "la verdad es una y la verdad en la física es muy tozuda".

"El 28 de abril los equipos de Red Eléctrica cumplieron en todo momento, en todo momento, tanto antes, como durante, como una vez superado el incidente, toda la normativa que está recogida en los procedimientos de operación y en la normativa legal", ha apuntado. Con esta normativa, ha señalado, se programó la generación necesaria para cubrir la demanda y el control de tensión de ese día, con más de 40 grupos convencionales acoplados al sistema. "La programación del día 28 fue correcta y ajustada a derecho", ha señalado.

En este sentido, ha vuelto a hacer referencia a que tras las oscilaciones que se detectaron en el sistema eléctrico y que fueron amortiguadas, hubo "desconexiones masivas, intempestivas e indebidas" en las redes de distribución que, ha recordado, que no opera Red Eléctrica.

"Esto se unió, como después se pudo comprobar, a un inadecuado desempeño en las obligaciones de control de tensión que tienen y tenían en este momento, con arreglo a la legislación vigente, las grupos convencionales de generación, especialmente en la zona sudoeste y centro", ha apuntado.

Corredor ha reiterado que la tensión era correcta y que la el comportamiento de los grupos convencionales en España y en Portugal fue distinto, según ha señalado que se ha podido comprobar en diferentes informes.

"Estos son datos", ha apuntado y ha añadido que de ahí no se han movido en todas las explicaciones públicas dadas tanto a los medios, como en sus comparecencias en la comisión que investiga el cero eléctrico en el Senado. "Evidentemente, cada agente del sistema tiene su propio relato. El relato no es la verdad, la verdad se constata con hechos", ha dicho.

El Gobierno calcula que reforzar la seguridad de las redes de las telecos ante apagones cuesta 73 millones

Por otra parte, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado a consulta pública el texto del real decreto para mejorar la seguridad y garantizar el funcionamiento de las redes de telecomunicación en caso de emergencias, como el apagón de finales del pasado abril o una dana, unas medidas cuya implementación tendrán un coste de hasta 73 millones de euros para los operadores, según los cálculos del Gobierno.

Uno de los puntos principales del borrador del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas e Infraestructuras Digitales es garantizar que el 85% de la población española disponga, en caso de emergencia, de continuidad en el servicio de telecomunicaciones --entre ellos del servicio de llamadas al número de emergencias-- durante al menos cuatro horas.

En ese sentido, el Ejecutivo apunta que en torno al 30% de los 10.400 emplazamientos de red que serían necesarios para dar cobertura al 85% de la población del país ya disponen de baterías o equipos electrógenos con capacidad para garantizar el suministro eléctrico durante 4 horas, de manera que el número total de emplazamientos que habría que reforzar se sitúa en alrededor de 7.280.

"Según el análisis realizado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el coste vinculado al despliegue adicional de baterías o equipos electrógenos para el conjunto de las redes de comunicaciones móviles a través de las cuales se proveen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en bandas armonizadas europeas, en España es de una horquilla entre 50.960.000 euros y 72.800.000 euros", subraya el borrador de la normativa que propone el Gobierno.

Los cálculos apuntan que la inversión unitaria necesaria por emplazamiento, con un 30% de descuento por volumen, es de unos 7.000 euros, por lo que en base a estas estimaciones el Gobierno considera que el coste de entre 51 y 73 millones de euros es "proporcional y equilibrado".

Por otro lado, el Ejecutivo remarca en el texto de la propuesta normativa que el impacto presupuestario derivado de la implementación de estas medidas para el Estado sería "nulo" dado que las funciones de supervisión, coordinación y respuesta pueden apoyarse en estructuras ya existentes.

No obstante, matiza que "conviene prever costes marginales en herramientas de gestión de incidentes, elaboración de guías técnicas y campañas de verificación o auditoría", aunque recalca que no se prevén compromisos de gasto público, salvo que se articule un programa de cofinanciación o ayudas.

El texto que se somete desde hoy y hasta el próximo 8 de enero a audiencia pública también recoge que las redes y servicios de telecomunicaciones, así como determinadas infraestructuras digitales, son calificadas como instalaciones y servicios de "carácter esencial en situaciones de emergencia". "Por tanto, en una emergencia, todas las autoridades, órganos administrativos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaborarán y contribuirán para facilitar su recuperación o mantenimiento", ha detallado el Ministerio para la Transformación Digital en un comunicado.

Nueva obligaciones de los operadores

Las obligaciones del real decreto afectan, entre otros, a los operadores de telecomunicaciones en España (como Telefónica, MasOrange, Vodafone o Digi, por ejemplo) y aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cumplan ciertos criterios, como tener más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de euros de ingresos.

La nueva normativa también afectará a aquellos que estén designados como operadores críticos o presten servicios de emergencia, entre otros, si bien no se aplica a las redes vinculadas a la seguridad nacional ni a defensa.

"Todos los sujetos mencionados deberán presentar un 'Plan General de Seguridad' con análisis de riesgos y medidas prioritarias, así como planes específicos por tipo de red y servicio, y por tipo de incidente", ha detallado el Gobierno.

De este modo, cada operador clasificará todas sus instalaciones en distintas categorías y en caso de que haya una interrupción del suministro eléctrico las infraestructuras de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas.

En tanto, las instalaciones de nivel intermedio deberán estar operativas durante al menos 12 horas y el resto deberá tener garantizada la operatividad durante un mínimo de cuatro horas.

"En el caso de una red móvil, estas cuatro horas deben mantener la cobertura al 85% de la población. Cada operador establecerá una estrategia en la que podrá priorizar unas tecnologías sobre otras (voz sobre datos, por ejemplo) o instalaciones que considere conveniente en función a su vinculación a la prestación de servicios públicos y servicios de relevancia económica y social", ha remarcado la cartera que dirige Óscar López.

El proyecto normativo también se centra en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas. Estos centros, así como los operadores que les dan conectividad, también deberán confeccionar y presentar planes de seguridad.

"Con el fin de disponer de información fidedigna en el menor tiempo posible, se refuerzan las obligaciones de notificación de incidentes. Así, se prevé que haya una notificación inicial como máximo una hora después de comenzar el suceso, notificaciones intermedias periódicas, una notificación final y un informe detallado posterior que analice las causas, el impacto, las medidas adoptadas y lecciones aprendidas", ha detallado Transformación Digital.

Además, se definen criterios para clasificar incidentes como "significativos" o "menores" en función del número de usuarios afectados, la duración, el área geográfica y el tipo de servicio.

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de las obligaciones y la coordinación con organismos nacionales, comunidades autónomas y con entidades europeas e internacionales.