Los exministros y políticos querellados eran Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino.
La querella presentada por L'Observatoria del Deute en la Globalització también incluía a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS S.L. (quien tenía la concesión del almacén de gas); el presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L., Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 concluye que la construcción de las instalaciones a las que se refiere la querella no responde a una idea aislada, ni peregrina, sino que respondió a una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, planeada desde el año 2002.
Para Lamela, las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto, firmadas y avaladas por los querellados determinarían su responsabilidad, no aparece, y tampoco se expone en la querella que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido.
El proyecto Castor se planteba la construcción del mayor depósito de gas natural de España, situado frente a Vinaroz (Castellón).
Las obras millonarias, que comenzaron en 2012, tuvieron que ser interrumpidas por los movimientos sísmicos que provocó en las costas de Castellón y Tarragona.