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El coronavirus es una ruina. Y España presenta unos presupuestos que la Airef considera demasiado optimistas. La plataforma Juntos con la Hostelería ha urgido a las autoridades a aprobar un plan de rescate para el sector que incluya "ayudas directas a fondo perdido" por valor de 8.500 millones de euros ante el fuerte impacto de la pandemia en su negocio. Y todo ello mientras la Comisión Europea ha empeorado este jueves sus previsiones sobre la evolución de la economía española y espera ahora un desplome del PIB al cierre de 2020 del 12,4%, frente al 10,9% que contemplaba hace unos meses, lo que supone el mayor desplome de toda la Unión Europea.
España será el único país del bloque con una contracción de su economía este año superior al 10%. La reducción del PIB será así superior a las de Italia (-9,9%), Croacia (-9,6%), Francia (-9,4) Portugal (-9,3%) o Grecia (-9%), los otros socios más afectados por la pandemia.
Según las nuevas proyecciones de Bruselas, la economía española experimentará repuntes en los dos años siguientes y se expandirá un 5,4% en 2021 y un 4,8% en 2022. Pasado ese periodo de tiempo, el PIB español será todavía un 3% inferior su nivel previo a la crisis.
El déficit público, por su parte, escalará este año al 12,2% para luego recorrer una senda de ajuste en los dos años posteriores, hasta el 9,6% y el 8,6%, respectivamente. La deuda cerrará este año en el 120,3% y crecerá después hasta el 122% en 2021 y el 123,9% en 2022.
Por otro lado, la tasa de paro se situará al término de este año en el 16,7% y seguirá creciendo a lo largo del próximo año, hasta rozar la cota del 18% (17,9%). Se contraerá por primera vez desde la crisis de la pandemia en 2022 y ese año se situará en el 17,3%.
En cualquier caso, Bruselas ha informado de que sus previsiones no incorporan el impacto positivo potencial de las ayudas procedentes del fondo europeo de recuperación en la evolución económica de 2021. Según sus cálculos, el crecimiento del PIB real en 2,5 puntos porcentuales en 2021.
El Ejecutivo comunitario destaca en sus página sobre España que la pandemia de Covid-19 y las "estrictas" medidas de confinamiento condujeron a una reducción del PIB "sin precedentes" en el primer semestre del año, que se vio compensada en parte por un "fuerte rebote" en el sector industrial y los servicios en mayo y junio. Posteriormente, la reaparición de "numerosos brotes" en verano llevó a muchos países a exigir cuarentenas a ciudadanos que habían viajado a España, que se une a la reintroducción durante el otoño de nuevas medidas de distancia física. En consecuencia, el informe señala que el repunte de la actividad se "agotará" en el último trimestre de 2021.
En el lado presupuestario, Bruselas espera un aumento "sustancial" del déficit público, hasta el 12,2%, debido tanto a una menor recaudación como a las medidas de estímulo para "contrarrestar" el impacto de la pandemia, que las autoridades comunitarias estiman en un 1,3% del PIB. Una vez superado este año, el desvío en las cuentas de las administraciones públicas se estrechará hasta el 9,6% a medida que rebota la economía, se van retirando "la mayoría" de las restricciones al movimiento y se suman "algunas fuentes de recaudación". El programa de avales públicos supone un "apoyo crucial", pero la Comisión advierte de que también constituye "un riesgo" para el futuro fiscal de España.
El Ejecutivo comunitario ha subrayado en este contexto que la adecuación de los ERTE a la realidad de la pandemia y las ayudas a los autónomos por el cese de actividad han "amortiguado" el impacto sobre el empleo, pero no han evitado todos los despidos. "Estos programas han contribuido mucho para contener las pérdidas de empleo pero no las pueden evitar todas", apunta el informe. Así, la caída en la tasa de empleo empujará el paro en España hasta el 16,7% en 2020, un dato que seguirá ampliándose en 2021 a medida que se retiran las ayudas por ERTE.
Por su parte, los servicios económicos de la Comisión remarcan que el programa de avales públicos a través del ICO ha ayudado a las empresas a reparar su pérdida de ingresos durante estos meses. Esto no evitará, añaden, que la rentabilidad "deteriorada" de algunas compañías deriven en procedimientos de insolvencia.
Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas subieron un 1,6% en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2019, hasta sumar 1.678, en un contexto marcado por el Covid-19, y un 51% en tasa trimestral, el mayor aumento intertrimestral en casi ocho años (desde el cuarto trimestre de 2012), según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.
En concreto, las familias que se declararon en concurso de acreedores subieron un 6,7% en el tercer trimestre del año en tasa anual, hasta sumar 652, mientras que las empresas concursadas disminuyeron un 1,4%, hasta 1.026 procedimientos de quiebra. De este modo, sumando familias y empresas, el número de deudores concursados del tercer trimestre se situó en 1.678, cifra además un 51% superior si se compara con el segundo trimestre de este año.
En tasa intertrimestral (tercer trimestre sobre segundo trimestre de 2020), el número de familias que se declararon en concurso aumentó un 64,2%, mientras que las empresas concursadas crecieron un 43,7% en tasa trimestral. De las 1.026 empresas que entraron en concurso en el tercer trimestre, 59 eran sociedades anónimas, con un retroceso interanual del 1,7%, mientras que 836 eran sociedades limitadas, un 3,4% menos que en el tercer trimestre de 2019. Las personas físicas con actividad empresarial aumentaron los procesos concursales un 10,4% en tasa interanual y un 45,2% en intertrimestral, hasta totalizar 106.
Durante el tercer trimestre, los concursos voluntarios subieron un 2,7% en relación al mismo periodo de 2019, hasta sumar 1.609, en tanto que los concursos necesarios retrocedieron un 18,8%, con un total de 69 procesos. Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios bajaron un 5,5% en tasa interanual y los abreviados subieron un 2,3%, hasta 137 y 1.541 procesos, respectivamente.
El 21,2% de las empresas que entraron en concurso entre julio y septiembre tenían como actividad principal el comercio, mientras que el 11,5% se dedicaba a la industria y energía.
En cuanto al número de asalariados, el 59,6% del total de empresas concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 25,9% no tiene asalariados. El 19,5% del total de empresas concursadas en el tercer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años, al tiempo que el 25,7% tiene cuatro o menos años de antigüedad. El 22,7% de las empresas concursadas con cuatro o menos años de antigüedad pertenecen al sector Comercio. Por su parte, el 46% de las concursadas con 20 o más años de antigüedad se dedican al Comercio y a la Industria y energía.
Asimismo, las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el tercer trimestre de este año fueron Cataluña (454), Comunidad de Madrid (325) y Comunidad Valenciana (220), que concentran el 59,5% del total de deudores concursados.
Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.