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La misma ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho tan solo 24 horas después de su puesta en marcha que "las empresas no se han tomado en serio" la ley que obliga a que los trabajadores fichen en las empresas. No parece haber ayudado una ley ambigua que ha obligado al propio ministerio a sacar una guía para que las empresas y los trabajadores tengan claro quién debe fichar y quién no.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido de que en los autónomos y en las pequeñas empresas "hay cabreo y mucha incertidumbre" por esta nueva obligación empresarial, que parece que trata a los empresarios como defraudadores. "Es como volver a la mina. La administración se cree que todos los trabajadores tienen un centro de trabajo, cuando la realidad es que en España hay más de 600.000 empresas que no lo tienen", ha dejado claro para mostrar su enfado Amor en declaraciones recogidas por la Europa Press a la cadena COPE.
La CEOE también considera que "la ley genera incertidumbre, pero que las empresas tienen voluntad de cumplir y de negociar con los trabajadores como indica la norma. El problema estriba en que hay formatos de trabajo de control horario, teletrabajo, trabajadores de otros países, que requieren un sistema más complejo, más difícil de implementar".
En este sentido, Rosa Santos, directora del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE en declaraciones a Informativos Telecinco deja constancia de las múltiples reuniones que se han mantenido con el Ministerio a todos los niveles y que han dado pie a la guía presentada por este.
No obstante, deja claro que el problema de las horas extras no solo es privado, sino que también afecta al sector público. "De hecho, la encuesta de la EPA especifica que estamos hablando de sectores muy concretos donde las horas extras no se pagan. Y también hay que dejar claro que dentro de estas hay jornadas flexibles, de conciliación... Lo que queremos es seguridad jurídica porque parece que por unas pocas empresas se ha dado el paso del café para todos. Y nos da miedo lo que pueda tener de efecto en la flexibilidad y competitividad, algo imprescindible para generar empleo".
Mientras, los sindicatos han señalado desde el principio que el decreto ley "se queda corto". De hecho, ha calificado la misma de "insuficiente", "descafeinada" y "brindis al sol". Ante esta realidad veremos finalmente quién ficha realmente, porque el Gobierno ha dado más tiempo.
"Las multas no son ejemplares ni tienen carácter disuasorio. Tampoco que las empresas se adapten a esta nueva medida supone una gran coste", declara a Informativos Telecinco Mercedes Martínez, inspectora de Trabajo. Otro hándicap son los escasos recursos por parte de la Inspección de Trabajo "aunque el Ministerio se ha comprometido a poner en marcha más oposiciones". Pese a todos los problemas cree Martínez que estamos ante "una buena medida para luchar contra el fraude y para dar más argumentos a los trabajadores ante los tribunales. Y de hecho, puede convertir trabajos temporales en jornadas completas. Lo que no puede haber es un porcentaje del 50% de horas extras no retribuidas, y no seamos inocentes, las empresas conocen las horas que trabajan los empleados, por eso hay despidos por este motivo", señala. Pablo Souto, economista y experto financiero también considera que "la medida puede ayudar a atacar la bolsa de horas extras realizadas en determinados sectores, pero ni mucho menos va a erradicar el problema de las horas extra impagadas". En este sentido considera que "los recursos de inspección no son los suficientes como para controlar todo el panaorama empresarial español, es por ello que la administración es probable que se centre en controlar aquellos sectores en donde históricamente se ha abusado más del exceso de horas extra, en este caso, la hostelería".
Al igual que Mercedes Martínez considera que "esta medida sí puede ser de ayuda para aquellos trabajadores que reclamen el pago de horas extra, pues tendrán un reflejo de las horas efectivamente realizadas, lo que le puede ayudar en procesos de demanda ante los juzgados".
Los datos corroboran que horas extras no cobradas hay. Un informe de Adecco desgrana las horas extras que se realizan en España. El 51,1% de los trabajadores en dicha encuesta asegura trabajar horas de más. El 39,3% de los que aseguran hacer horas extra reconoce que son menos de 50 al año. El 26,2% realiza entre 50 y 100 horas extra al año. El 12,1%, por su parte, trabaja entre 101 y 200 horas más de las que están estipuladas en su contrato. Menos habitual es que se realicen más de 200 horas extra al año. El 8,3% de los encuestados hace entre 201 y 300; el 4,5%, entre 301 y 400; el 3,6%, entre 401 y 500; y el 6,1%, más de 500 horas extraordinarias.
Otra cosa es que todas estas horas extras se paguen. El 40,1% de los trabajadores asegura que su compañía no las compensa de ninguna manera, mientras que el 12,6% afirma que su empresa le ofrece descansos por las horas extra realizadas. El 47,3%, en cambio, sí recibe una compensación económica por el trabajo realizado. Sin embargo, los trabajadores que aseguran que su empresa les paga las horas extra no siempre ven compensado el 100% del tiempo dedicado a asuntos laborales.
Aunque el 51,7% afirma que se le pagan más del 90% de las horas extra, al 8,3% le pagan entre el 1% y el 39% de las horas realizadas al margen de su jornada pactada; al 26,2%, entre el 40% y el 69%; y al 13,8%, entre el 70% y el 89%. Preguntados acerca de si sus empresas cotizan a la Seguridad Social por las horas extra que realizan a lo largo del año, el 27,8% de los trabajadores asegura no saberlo, mientras que el 41% dice no estar cotizando por esas horas. Solo el 31,2% de los encuestados afirma que la compañía para la que trabaja informa a la Seguridad Social de las horas extra y paga la parte correspondiente por ellas.
Vemos aquí otra brecha laboral de género. El 50,4% de las horas extra realizadas por mujeres son no pagadas, frente al 40,2% de horas extra no pagadas entre los hombres. Las ramas de actividad que concentran un mayor volumen de horas extra no pagadas son, por este orden: hostelería, comercio, educación, industria manufacturera, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades financieras y de seguros, según un informe elaborado por CCOO.
En términos absolutos dos de cada tres (65%) horas extra no pagadas se concentran en cuatro comunidades (Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía). En términos relativos, hay varias comunidades donde las horas no pagadas son la mayoría de las horas extra trabajadas. En Madrid (56%), Galicia (51%), País Vasco (56%), Cantabria (53%), Ceuta y Melilla (71%) más de la mitad de las horas extras trabajadas no se pagan. Según CCOO, esta medida, pese a las críticas que ellos mismos expresan sobre ella traerá "beneficios a los trabajadores porque cobrarán las horas extras que ahora no se registran ni se pagan" y, además, supondrá un "incremento de cotizaciones a la Seguridad Social que tendrá repercusiones en las prestaciones futuras".
En España cada semana se trabajan 3 millones de horas extras que sí se pagan. Hay otras 2,6 millones de horas extras semanales que ni se pagan a los trabajadores ni se cotizan. Los costes extras para las empresas y las retribuciones para los trabajadores si realmente se aplicara la medida serían importantes teniendo en cuenta que son 2,6 horas semanales impagadas, a 21,2 euros la hora trabajada, según datos de Eurostat "estaríamos hablando de 3.677 millones de euros". Dinero que las empresas deberán pagar por trabajos que se hacen, pero no se declaran.
Antonio Gallardo, experto financiero en iAhorro.comdestaca que, por el momento, como ha reconocido el propio Ministerio de Trabajo, "el grado de cumplimiento, de momento, está siendo muy bajo. Los efectos lo veremos a largo plazo y no tenderá tanto a la destrucción de empleo o hacerlo fijo, lo más probable a la reestructuración de contratos a más, pero de menos horas".
Gallardo pone el dedo en la llaga al señalar que "entre los trabajos con más dificultades y con más ambigüedad están precisamente los que requieran muchos desplazamientos".
De momento considera que la ley "es más buenista que efectiva, pero todo tiene un arranque y es mejor hacerlo que no hacerlo. Lo que si habrá que seguir desarrollándola y mejorándola para cumplir sus objetivos de conciliación y creación de empleo. El problema lo tendrán "pymes y microempresas que tendrán más problemas para afrontar sus costes y por ello hay más miedo en cuanto a si puede suponer un deterioro de empleo. Sí soy algo más pesimista en el corto plazo, y creo que puede llevar a más eventualidad, pero espero que en el largo plazo si consiga una relación laboral más justa y eficiente".