El nuevo proyecto de ley de Memoria Democrática, tan esperado por algunos y tan odiada por otros, busca mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista a través de los principios de “verdad, justicia y reparación”.
El texto que promete el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 sale adelante con el apoyo parlamentario al gobierno por parte de EH Bildu y la abstención de ERC.
Finalmente, la ley se ha aprobado hoy en el congreso con 173 síes, 159 noes y 14 abstenciones.
El debate en el pleno ha contado con varios reproches cruzados entre los grupos de derecha y de izquierda por las víctimas de ETA y el franquismo. Los representantes de los grupos parlamentarios de Podemos, EH Bildu y ERC han abandonado el hemiciclo al inicio de la intervención de Vox.
Tanto partidos de izquierda como ERC como buena parte de las víctimas del franquismo consideran que la ley es insuficiente, mientras que la derecha y políticos de la Transición, como el expresidente socialista Felipe González, critican sobre todo el pacto entre el Gobierno y EH Bildu.
El proyecto de ley pretende avanzar respecto a la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, la cual incluía el reconocimiento a las víctimas y la retirada de símbolos franquistas, pero no establecía la búsqueda de desaparecidos como política de Estado, como sí hace la ley de Memoria Democrática.
La ley que entrará en vigor el próximo septiembre, tras su aprobación en el Senado y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, recoge estos diez principales aspectos:
1. El Estado asume la búsqueda de personas desaparecidas
La ley establece que la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado. El Gobierno habla de 114.000.
El Estado elaborará un mapa de localizaciones de personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN para comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
2. El régimen franquista se declarará ilegal
Se declarará ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales del régimen, así como la nulidad de todas sus condenas.
Esta nulidad dará derecho a obtener “una declaración de reconocimiento y reparación personal” a las víctimas.
3. Supremacía del Derecho Internacional frente a la Ley de Amnistía
Aunque la nueva ley no deroga la Ley de Amnistía de 1977, la nueva ley subraya la necesidad de “garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como las oportunas formas de reconocimiento y reparación”.
Por ello, establece que todas las leyes españolas, incluida la de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, "según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".
4. Estudio de vulneraciones de derechos humanos entre 1978 a 1983
Creación de una comisión que estudie las vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado “por la consolidación de la democracia” y que señala “posibles vías de reconocimiento y reparación”.
5. Se investigarán violaciones de derechos humanos
Un fiscal de sala investigará posibles violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Este fiscal impulsará además los procesos de búsqueda de víctimas de los hechos investigados para lograr su debida identificación y localización.
6. Se define a las víctimas
La ley considerará victima a todas las personas que hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Algunas de las víctimas que la ley recoge son los fallecidos y desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, pero también a los exiliados, las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores, así como las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Además, se declarará el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura, y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.
7. El Valle de los Caídos pasará a ser Valle de Cuelgamuros
El actual Valle de los Caídos pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y será un museo que dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado “con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”.
Además, también señala que sólo podrán encontrarse los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra y se reubicarán aquellos restos que ocupen un lugar privilegiado en el recinto, como ocurre con José Antonio Primo de Rivera.
Además, la ley declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional, y establecerá un nuevo marco jurídico aplicable a este lugar.
8. Acceso garantizado a la información pública de los archivos
La ley garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Además, todos los archivos y documentación del gobierno de la dictadura que estén en manos de entidades privadas o personas físicas, en particular los referidos al jefe de Estado, se incorporarán al centro documental de la memoria histórica de Salamanca o al archivo del organismo público que se determine.
9. Actualización de los contenidos educativos
Con el fin de difundir el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y "la lucha por los valores y libertades democráticas", la ley establece la actualización de los contenidos curriculares para ESO, FP y Bachillerato para reflejar la "represión que se produjo durante la guerra y la dictadura".
La ley suprime un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.