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Los resultados electorales del 23 de julio no dieron ni a PP ni a PSOE, los partidos más votados, la mayoría suficiente para formar un gobierno sin pactos. Los líderes de ambas formaciones, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, se mostraron dispuestos a intentar una investidura y, finalmente, el rey Felipe VI optó por el más votado. Por ello, Feijóo inicia esta semana sus conversaciones con los grupos parlamentarios para lograr los cuatro apoyos que le faltan para obtener la mayoría absoluta en una primera vuelta. Sin embargo, todo apunta a que esta será fallida, ya que los partidos independentistas catalanes tienen como “línea roja” la ley de amnistía y Feijóo ya ha adelantado que no aceptará “chantajes” ni someterse a la voluntad de “las minorías”.
Además de sus 137 escaños, el PP contaría con 33 de Vox, 1 de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y otro de Coalición Canaria (CC). Un total 172 síes, a cuatro de los 176 necesarios para lograr la mayoría absoluta.
El líder del PP tiene un segundo intento para lograr ser investido, producirá 48 horas después de la primera votación, pero este también parece complicado. Todo hace pensar que tendrá 178 votos negativos, los mismos que permitieron una mayoría absoluta para elegir a Francina Armengol como presidenta del Congreso.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseveró que la única línea roja de su partido es negociar con la formación vasca EH Bildu, pero el PNV ya ha adelantado que no votará al candidato popular como presidente del Gobierno por sus vínculos con Vox, un partido que, en reiteradas ocasiones, ha insistido en que de llegar al poder hará todo lo posible por ilegalizar a los nacionalistas vascos. Néstor Rego, único diputado de BNG en el Congreso, ya ha ratificado que su formación también votará 'no' a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Así las cosas y sin contar con PSOE y Sumar, solo quedan ERC y Junts, que con siete escaños cada uno, pueden ser la llave. Estos han puesto sobre la mesa una línea roja que han reiterado en varias ocasiones: la ley de amnistía. Pero, ¿está dispuesto Feijóo a esta concesión?
El domingo, en un acto en el Castillo de Soutomaior (Pontevedra) con motivo de la inauguración del curso político, mostró su disposición al diálogo, pero dejó claro que no aceptaría "lo que está dispuesto a aceptar el partido de Sánchez": "El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y después de hablar se puede coincidir o discrepar, y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no".
Por tanto, todo apunta a que Feijóo no logrará la investidura. Mientras tanto, Pedro Sánchez gana tiempo para negociar con ERC y Junts. Se ve capaz de lograr la mayoría suficiente para superar el mínimo que exige la Constitución, como a su juicio se vio en la conformación de la Mesa del Congreso con algunas concesiones a Junts.
"Sólo hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el PSOE. No hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso", proclamaba en rueda de prensa en el Congreso tras ser recibido en audiencia en Zarzuela.
En este sentido, Junts dejó claro tras su apoyo a la Mesa del Congreso que la investidura es otra cuestión y no darán sus votos a cambio de nada. Mantienen su línea roja, igual que ERC.
Desde el PSOE, la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, dijo el domingo que su partido seguirá desarrollando una política que permita la "cohesión territorial", que permita "normalizar la convivencia en Cataluña" y que haga del diálogo el método en el que se relacionan las diferentes fuerzas políticas y en el marco de la Constitución.
La Constitución, precisamente, es “el marco”, según ha dicho Pedro Sánchez cuando ha sido preguntado por la ley de Amnistía, evitando referirse a si le ve o no un encaje constitucional.
Al respecto, desde Sumar, sostienen que “tiene encaje constitucional”. Constituye "la vía más rápida" para normalizar la situación en Cataluña, sostuvo el jueves su portavoz, Ernest Urtasun, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Los de Yolanda Díaz creen que la amnistía "tiene encaje constitucional y que puede salir adelante y ahora lo que hay que hacer es ponerse a trabajar".
Para ello, el partido ha conformado un grupo de expertos integrado por 20 juristas que están trabajando en una propuesta de la que no ha querido dar más detalles por el momento".
Urtasun ha puntualizado que "no se trata de un indulto generalizado" sino que la amnistía lo que busca es "superar los efectos penales de un conflicto político para devolverlo a la política y que sea la política la que pueda gestionarlo", como ha ocurrido recientemente en países como Portugal y Francia.
A su juicio, esta sería "la vía más rápida y completa" para normalizar la situación en Cataluña, incidiendo en que de ella no se beneficiaría solo el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros dirigentes condenados sino las otras muchas personas que se enfrentan a procesos judiciales derivados de las consecuencias de 1-O.
El portavoz de Sumar ha defendido que la vía de la amnistía sería "la manera de resolver esta cuestión más amplia, que no solo afecta a las personas que están en Bélgica".
"Que esto se decida políticamente y no frente a un juez. Por nosotros, una ley de Amnistía, pero aquí hay otros actores. Entiendo que haya que le parezca insuficiente. Somos siete y esto es la Mesa. Falta la investidura", avisó Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, refiriéndose a la exigencia que también tiene Junts y que el expresidente catalán Carles Puigdemont pide además para su presidenta, Laura Borràs, condenada en marzo a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos.
Urtasun no se pronunció sobre si la presidenta de Junts, Laura Borrás, también debería beneficiarse de esa eventual amnistía: "Sobre esta cuestión en el pasado hemos sido suficientemente claros".
En cuanto a los tribunales, los precedentes que se tienen de la amnistía son de 1986, cuando el Constitucional admitió que podía haberla siendo excepcional y vinculándola a la única que se ha producido, la de 1977.
Políticamente, las noticias más recientes se remontan a marzo de 2023, cuando ERC, Junts, la CUP y el PdeCAT presentaron una proposición de ley que beneficiaba a todos los procesados y condenados por el 1-O. La Mesa del Congreso, con el apoyo del PP, Vox, PSOE, y con el voto en contra de Unidas Podemos, rechazó tramitarla. Justificaron que los letrados del Congreso no aconsejaban admitirla porque supondría un indulto generalizado y el artículo 62 de la Constitución impide esta concesión.
No obstante, aquellas circunstancias no eran las mismas de ahora, y la ley de amnistía, que se presenta como línea roja de estos dos partidos, podría condicionar la investidura de Pedro Sánchez si la del líder del PP resulta fallida.