La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado este jueves otorgar al instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el amparo que este había solicitado y que se traducirá en pedir a los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante" el juzgado belga que le ha citado.
Concretamente, se pide que la Abogacía del Estado arbitre una fórmula para representar al juez español ante la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros que han planteado una demanda civil acusando a Llarena de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.
El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena --Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica-- y las costas que se deriven de una eventual condena.