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906.804.903,72 euros. Ese es el último cálculo realizado por el Gobierno de Canarias sobre los daños públicos y privados causados por el volcán de La Palma en sus dos meses de erupción, incluidos los costes de intervención de las administraciones autonómica, insular y local.
A este coste, que figura en un informe de la Consejería de Hacienda que se remitirá al Gobierno de España a lo largo de este viernes, faltan por añadir los daños en las infraestructuras eléctricas, y también están excluidas las afecciones a bienes e infraestructuras del Estado y el coste de intervención de la administración central.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Presupuestos y Hacienda, Román Rodríguez, informó de esta cifra de daños en una intervención en comisión parlamentaria en respuesta al diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero.
Por ahora, el Gobierno de Canarias ha dispuesto 40 millones de euros para la respuesta de emergencia y el Gobierno central 224 millones, y "ahora buscaremos la complicidad de la Unión Europea" para hacer frente a esta catástrofe, dijo el vicepresidente.
"Debemos poner en valor la solidaridad de los ciudadanos y las instituciones en la respuesta a la emergencia", subrayó Román Rodríguez, y se refirió a la complejidad que supone atender a la casuística y variedad de afecciones.
Por eso, para Román Rodríguez el problema en esta emergencia no es solo la disponibilidad de recursos, sino "cómo nos organizamos"
ToYa ayer el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, tras intervenir de forma telemática en la Conferencia Anual de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea dijo que pretende arrancarles el compromiso de que La Palma tenga el "máximo posible" de recursos del fondo de solidaridad de la UE.
Torres ha valorado el "apoyo unánime" de las RUP y ha comentado que Canarias cumple los criterios para optar a esos fondos --se pone el límite de los daños de catástrofes en 430 millones--, que se tienen que solicitar antes de que cumplan las 12 semanas desde que se inició la erupción por lo que aún hay "margen de tiempo".
El presidente ha apuntado que cabe la posibilidad incluso de que se adelanten recursos del fondo de 2022 y señalado que la cuantificación de daños es "primordial", con la dificultad de que aún no ha terminado la erupción. "Estamos en medio de la catástrofe", ha subrayado.
Sobre el resto de su intervención ante la Conferencia de Presidentes de las RUP, ha comentado que se ha acordado que la estrategia de estos territorios "se adapte" al momento económico y social, poniendo como ejemplo que el crecimiento de la inmigración irregular y la llegada de menores no acompañados "exige una respuesta" desde la UE.
Además, ha comentado que las RUP, que viven del sector primario y el turismo, principalmente, sufren la "fragilidad económica" derivada de la pandemia sanitaria, que se une al impacto de ser territorios fragmentados.
Por ello, han solicitado a la UE que tenga "más flexibilidad" para poder ejecutar los fondos comunitarios, tanto los ordinarios como los del programa Next Generation.
Torres también ha pedido apoyo para que Canarias sea la sede de la Agencia Europea del Turismo, algo que "no va a ser fácil", si bien sería la primera vez que una RUP alberga un organismo de estas características.
Asimismo, las regiones han acordado que se cree un órgano para potenciar la cultura y las artes creativas.
El presidente canario ha comentado que el Gobierno sigue trabajando en la elaboración del decreto ley de recalificación de suelo en La Palma para poder iniciar la reconstrucción, y planteó que cabe la posibilidad de realizar uno primero de emergencia y después otros de complemento.
Ha señalado que el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, dirige los trabajos en colaboración con el Cabildo de La Palma, el Gobierno central y los ayuntamientos afectados, si bien ha dejado claro que "no se va a levantar un poblado de la noche a la mañana".
Por ello, ha vuelto a defender la estrategia habitacional del Ejecutivo, que pasa por el alojamiento en hoteles en una primera fase, una segunda donde se adjudican viviendas provisionales en alquiler durante tres años y la definitiva, cuando se inicie la reconstrucción allí donde sea posible.