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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, siguen sin hablarse más allá de los mandobles que se atizan todos los miércoles en la sesión de control del Congreso. Pero esta vez había una novedad. En el último minuto y a punto de agotar su tiempo, Casado se descolgó con un ofrecimiento: un pacto parcial para desbloquear el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, y el Defensor del Pueblo.
Una oferta que no incluye la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que ha pillado con el pie cambiado al presidente del Gobierno. “Cumpla con toda la legalidad democrática, y cumpla con los compromisos de la Constitución”, le respondía Pedro Sánchez ya sin tiempo para acabar la frase. Después, Sánchez y Casado mandaban a sus lugartenientes a batirse el cobre por ellos en una negociación incierta.
El ministro de Presidencia y hombre de confianza de Sánchez, Félix Bolaños, no tardaba ni una hora en llamar por teléfono al número dos del PP, Teodoro García Egea, para reunirse “hoy mismo” y renovar “todos” los órganos constitucionales. Un todo o nada. Moncloa incluye la renovación de los vocales del CGPJ, 1.045 días bloqueado, además del Tribunal Constitucional, con un tercio de sus miembros con el mandato caducado; el Tribunal de Cuentas, pendiente de renovar desde julio; y el Defensor del Pueblo, el que más tiempo lleva esperando un nuevo nombre. Desde 2017.
La cita llegó apenas unas horas después. A eso de las diez de la noche, primero el Gobierno y luego el PP informaban de su fulgurante celebración. Sin más detalles. Apenas un "continuará", por parte de Moncloa. Y una sensación de que había sido una reunión "fluida", por parte del PP. Que afirmaba, eso sí, que su oferta de diálogo se mantiene en los términos expresados por Casado. Esto es, voluntad de acuerdo sí, pero para todo menos para el CGPJ, donde mantiene su exigencia de un cambio previo de procedimiento.
En todo caso, la maquinaria ha echado a andar. Se pasó de las palabras a los hechos. Y esa es, por ahora, la gran novedad.
El Gobierno respondía con celeridad a una ofensiva cuidadosamente preparada desde Génova, con factor sorpresa incluido, en la que los diputados populares, uno tras otro, desde sus escaños exigían públicamente una respuesta inmediata a su mano tendida. “Se han quedado sorprendidos y descolocados. Sánchez no ha sabido reaccionar y Pablo ha tomado la iniciativa política”, se felicitaban después desde la dirección nacional del PP. Después de sentenciar que “España se encamina a la quiebra” en una entrevista en El Mundo, que ha provocado fuertes críticas por su tono apocalíptico, Pablo Casado intenta con esta jugada colocarse de nuevo el traje de hombre de Estado, y de única alternativa frente a Pedro Sánchez. Y de paso desprenderse del sambenito del no a todo que le está pasando factura en las encuestas.
En Génova creen que le ha metido un gol al Gobierno, y que ahora la pelota está sobre el tejado de Sánchez. “Han aceptado la mano tendida de Pablo porque no les quedaba otra”, aseguran. Pero ¿qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? Es la clave de bóveda de la negociación, pero no entra en la oferta del Partido Popular.
No piensan ceder un milímetro en sus posiciones. O se avanza en su mantra de que sean “los jueces los que elijan a los jueces”, o no hay nada que hacer. “A nosotros no nos van a mover de la independencia judicial”, le decía Pablo Casado, por enésima vez, a Sánchez. “No aceptamos presiones y no nos vamos a bajar del burro”, remachan desde el entorno de Casado.
A eso es a lo que el ministro de Presidencia llamaba "posición ventajista". Transmitir la sensación de que se ofrece un acuerdo, pero sin tocar el tuétano de lo que se pretende cambiar. La sensación en el Ejecutivo es que Casado ha hecho un aparente movimiento de ficha - “encantado de que haya rectificado”, le decía Bolaños- intentando salir del rincón ante lo que queda de mandato. Varios ministros vienen diciendo con reiteración, e ironía, que al líder del PP "se le va a hacer muy larga la legislatura". Instalado, según ellos, en el "bloqueo", frente a un Sánchez con los presupuestos a punto de aprobación y con el viento a favor del fin de la pandemia.
Moncloa, en todo caso, se ha movido rápido para evitar que la última oferta de los populares derive hacia Sánchez las sospechas de que es él el que obstaculiza el acuerdo. Los ciudadanos no tiene tan claro como los socialistas que el "bloqueo" sea cosa de los populares. Piensan que es cosa de todos los partidos, según una reciente encuesta de GAD3 para NIUS. De ahí que si el PP hace que se mueve, también lo haga el Gobierno. Antes de que se llegue a la guerra de los nombres se está en la guerra de la imagen. Eso sí, como sugirió Bolaños y remachó más tarde la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, la renovación que el Gobierno está dispuesto a negociar "no es a la carta".
La distancia que les separa sobre el desbloqueo del CGPJ, por tanto, sigue siendo sideral, pero en Génova perciben por vez primera en el Ejecutivo de Pedro Sánchez “un cambio” y “el mejor feeling” en mucho tiempo para renovar, al menos, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
En la mesa de negociación se sentarán el ministro Félix Bolaños por parte del Gobierno, y García Egea y la portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra por parte del PP. Se queda fuera, al menos de momento, Enrique López. El responsable del área de Justicia en el Partido Popular y consejero de Isabel Díaz Ayuso, había ejercido de puente con Moncloa y de interlocutor con los sucesivos ministros de Justicia. Hasta ahora. Si hace apenas un mes, los populares exigían la dimisión de Bolaños por “no querer que los jueces elijan a los jueces”, ahora le reconocen como interlocutor indiscutible. Una persona con la que Génova habla con frecuencia, “más de lo que la gente se cree”, admiten. Es más, tras la primera reunión de este miércoles, los populares decían haber encontrado en él una "interlocución fluida".